lunes 06.07.2020
DERRIBOS

Los afectados por las sentencias de derribo muestran su malestar y preocupación ante las actitudes del Gobierno

Protesta de AMA
Protesta de AMA

Desde la Asociación de Maltratados por la Administración, no salen de su asombro ante las actitudes que está teniendo el Gobierno de Cantabria con los afectados, negando reiteradamente el cumplimiento del acuerdo que el Parlamento de Cantabria ha tomado para dar una solución real en el año 2019. Así lo ha expresado AMA en un comunicado hoy sábado, en el que afirman que el Gobierno está anunciando planes de actuación para los derribos de la que los afectados no tienen conocimiento alguno, tomando decisiones sobre empresas que tienen que realizar los derribos de sus viviendas, sin informar a los propietarios de las mismas, incumpliendo sus compromisos anunciados en la anterior legislatura y en la actual. Entre ellos, la comunicación de la valoración de las viviendas de los afectados por parte del Gobierno de Cantabria. “Tampoco se entiende que se haya anunciado hace meses la creación de una Oficina de Atención a los Afectados, y parece que es política ficción, ya que ni atención, ni oficina, ni información, ni nada de nada. Ya es difícil que después de 20 años, de ver pasar 5 consejeros que tenían las competencias de urbanismo, tengamos que estar en la peor de las situaciones, al menos, en cuanto a información por parte del Gobierno de Cantabria”, critican.

AMA pide que investigue por qué se está retrasando la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana 

AMA pide al Parlamento de Cantabria y a la Fiscalía que investigue por qué se está retrasando la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Según señala la asociación, el PGOU de Argoños ha sido expuesto a información pública cuatro veces en los últimos cuatro años "cuando desde el propio Gobierno en la pasada legislatura se nos decía que el mismo estaba para aprobar definitivamente". " Y ahora otra vez se saca a exposición pública, ¿con qué objeto?. El dilatar, retrasar, dilapidar los recursos de los ciudadanos... ¡esto una vergüenza!", han apostillado. Ante ello, AMA se pregunta "qué intereses hay en retrasar su aprobación" y si "será aquello que dijo el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, de que 'nadie quiere poner la firma para no tener que pasar por las Salesas'" ya que los afectados no comprenden cómo es posible que se tarde más en aprobar el PGOU de un municipio de 5,5 kilómetros cuadrados y 1.700 habitantes que el de urbes con más de 100.000 habitantes y 20 veces más de territorio. "¿Cómo es posible que Piélagos los responsables municipales digan que su PGOU está para aprobarse definitivamente y los problemas los pongan desde el Gobierno?. ¿Qué pasa con el PGOU de Escalante que es un misterio, y una locura, donde desde el propio Gobierno de Cantabria se acusaba al mismo de desviación de poder?", se cuestionan los afectados por derribos.

Por todas estas incógnitas, en AMA dicen que están "cansados aburridos, hasta las pestañas de que nos tomen el pelo, de que tomen a los afectados por tontos, de que se crean los culpables de las sentencias de derribo con más derechos que las víctimas de estas situaciones, cuando el principal y mayor responsable de las sentencias de derribo en Cantabria es el actual presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla". Tras tantos años "aguantando esta injusticia", en los que "mucho afectados han perdido el tren de la vida", los afectados "no podemos seguir aguantando tantas mentiras, tantos engaños, por parte de los culpables de esta situación", por ello no sólo pide investigar al Parlamento y la Fiscalía, sino que exigen al Gobierno cumplir los compromisos adquiridos. Desde la aplicación de los convenios firmados entre el Gobierno de Cantabria y los afectados, así como la firma de los mismos a las familias que todavía no disponen de ellos, a la creación de la Oficina de Atención al Afectado y el envío a los afectados de las valoraciones de las viviendas que hay realizadas.

Para finalizar, AMA ha anunciado que realizará movilizaciones y concentraciones ante las administraciones públicas culpables de su situación a las que, a pesar del "cansancio y decepción", ha mostrado su "colaboración para que esta injusticia acabe en el presente año, tal y como ha aprobado, por unanimidad, el Parlamento de Cantabria".

REACCIÓN DEL GOBIERNO

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ha afirmado que la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños es un paso “muy importante” para los afectados por las sentencias de derribo en sus viviendas, y ha querido dejar claro que las actuaciones emprendidas impulsan y garantizan que “no hay vuelta atrás” en la solución de esta situación. El Ejecutivo ha respondido a las críticas difundidas hoy por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), quien ha lamentado el retraso en la aprobación del PGOU de los municipios afectados por sentencias de derribo y ha puesto de ejemplo el municipio de Argoños. Frente a ello, la Dirección General de Urbanismo ha señalado que la nueva aprobación inicial del PGOU de Argoños incorpora las consideraciones medioambientales y corrige los defectos del plan, proceso que resulta “muy positivo” de cara a acortar los plazos para su visto bueno definitivo. “Con ello se incrementa la seguridad jurídica y se reducen los plazos necesarios para dar solución a los afectados y que el PGOU de Argoños pueda quedar aprobado de forma definitiva a lo largo de 2020”, ha subrayado.

Por otro lado, el Gobierno cántabro mantiene el compromiso y ha asegurado que pondrá en marcha este mismo año la oficina de atención a los afectados por sentencias de derribo. Actualmente, según ha explicado Urbanismo, se trabaja en la necesaria modificación de los estatutos de la empresa pública Gesvican (Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria S.L) para dar cabida a este nuevo servicio, que dará información puntual y personalizada a los afectados sobre cada uno de los procedimientos puestos en marcha por el Ejecutivo. En opinión del Gobierno, en el último tiempo se han dado “pasos importantes” y ha resaltado la colaboración de todas las administraciones para avanzar en una solución definitiva al problema de los derribos, conforme a la legislación vigente.
 

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