El portavoz de la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas), Paco Morote, ha reclamado este jueves en Santander a "todos los grupos" parlamentarios del Congreso de los Diputados que aprueben "de inmediato" y "calendaricen" en septiembre "a más tardar" la Ley de Vivienda promovida por la PAH porque el momento actual es de "emergencia habitacional". De esta forma, pide la entrada en vigor de esta Ley –que presentaron el pasado mes de enero ante la Mesa del Congreso por medio de la firma o compromiso de apoyo de algunos partidos y que fue "vetada" por el PP, ha recordado– para "paliar el sufrimiento injusto", "salvaje" e "ilegal" de los desahucios y como "medida de choque" ante la previsión del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) de que este 2018 habrá unos 70.000 desahucios en España. Así se ha expresado Morote durante su participación hoy jueves en el encuentro El derecho a una vivienda digna en la España actual, en los Cursos de Verano de la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), en la que ha recordado que la Ley está pendiente de que la Mesa del Congreso ponga una fecha para su toma en consideración en el Pleno.
"Estamos empezando a recuperar tasas de subida similares a la del momento de la burbuja (inmobiliaria)"
Por ello, en su intervención ha pedido que "no solo" se tome en consideración esta Ley si llega al Pleno –algo que, según ha explicado, la Plataforma tiene en "acuerdo" con PSOE, con el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu–, sino su entrada en vigor "lo antes posible" como "medida de choque" frente a la "burbuja del alquiler" que, a su entender, se está produciendo en la actualidad. También ha alertado de que en el primer semestre del año el precio de la vivienda "ha subido un 6%". "No solo tenemos burbuja del alquiler, tenemos también burbuja del precio de la vivienda. Estamos empezando a recuperar tasas de subida similares a la del momento de la burbuja (inmobiliaria)", ha manifestado. Además, ha planteado la "exigencia" al nuevo Gobierno de que retire los recursos que hay a día de hoy presentados desde 2013 ante el TC (Tribunal Constitucional) contra leyes en materia de vivienda en Andalucía (2), Cataluña (2), Navarra (1), Canarias (1), País Vasco (1), Aragón (1), Murcia (1), Extremadura (1) y Comunidad Valenciana (1), suspendidas actualmente, para que puedan estar "operativas y aplicándose" en cada comunidad y "facilitar" así el acceso a la vivienda.
Morote se ha referido asimismo a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ampliar la prórroga en los contratos de arrendamiento de tres a cinco años y "rescatar una auténtica política de vivienda al servicio de la ciudadanía, en especial en materia de alquileres", conducirá a una situación "más equilibrada y más estable". A juicio del portavoz de la PAH, aunque le parece un "cambio positivo", estas medidas son "lentísimas, van a tardar muy mucho en hacer efecto y no van a provocar" una bajada de los precios. Por este motivo, ha recordado que la propuesta de la PAH recoge medidas como el establecimiento de unos "índices de referencia de precios" que deben establecer los ayuntamientos en colaboración con instituciones económicas y sociales, en función de las características de las viviendas para impedir "abusos y especulaciones".
"Cada año se producen en España en torno a 7.000 muertos como consecuencia accidentes derivados de la pobreza energética"
La PAH también plantea cesiones de las viviendas vacías en poder de "grandes tenedores" para el establecimiento de un parque público de viviendas, que actualmente "no existe", debido a que "fondos buitre están comprando" lotes de viviendas a la banca. A este respecto, ha denunciado que esta compra provoca que estos fondos "marquen los precios". Igualmente, aboga por el establecimiento de "mínimos de subsistencia vitales" de gas o electricidad porque "cada año se producen en España en torno a 7.000 muertos como consecuencia accidentes derivados de la pobreza energética", en referencia a asfixias o incendios provocadas, por ejemplo, por braseros antiguos. Finalmente, Morote también ha recordado que la PAH propone la dación en pago retroactiva y la cancelación de la deuda pendiente de las familias fruto del mantenimiento de las deudas contraídas con los bancos y mantenidas tras los desahucios porque son "ilegítimas" y "no se deben pagar", así como una moratoria "indefinida" de todos los desahucios de "familias vulnerables" que no tengan una "alternativa habitacional".
