Los administradores concursales de Ecomasa (Nestor Martin) han entregado este lunes la carta de despido a los 51 trabajadores que quedaban en la fábrica de estufas de Maliaño. El comité de empresa considera que "ha faltado voluntad política" por parte del Gobierno PRC-PSOE para evitar el cierre de la fábrica, que se producirá a finales de mes.
Según ha informado el presidente del comité, Luis Gómez, los despidos serán efectivos el 15 de febrero, aunque cinco personas continuarán en la fábrica hasta el día 28 para preparar los lotes de cara a la subasta de la maquinaria y existencias.
El presidente del comité de Ecomasa ha opinado que tanto el PSOE como el PRC "se han encargado de que esto no llegara a buen término" porque quien "puso en su día las bases del proyecto" fue el expresidente y líder del PP, Ignacio Diego.
"No ha habido voluntad política para que esto siguiera, en vez de dar el apoyo que necesitaba la empresa, decidieron cerrarla, esa es la visión del comité de empresa", ha concluido el sindicalista de CSIF.
Los trabajadores han anunciado que acudirán este martes al Parlamento, donde se debatirá la propuesta de creación de la comisión de investigación de Ecomasa, promovida por Podemos y apoyada por todos los grupos parlamentarios.
Así, se concentrarán en la puerta del antiguo hospital de San Rafael para "apoyar que se abra" esta comisión de investigación, con el fin de "ver qué sucedió en nuestra empresa y en qué se fue el dinero".
"Si hace falta declararemos, no tenemos ningún problema, lo que queremos es que se sepa la verdad", ha afirmado el presidente del comité, quien ha señalado que los trabajadores de Ecomasa procedentes de Teka "ven muy complicado recuperar el dinero de sus indemnizaciones".
Por otro lado, Gómez ha valorado positivamente la decisión del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) de personarse como acusación -junto a Sodercan- en la querella de los trabajadores contra los antiguos gestores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.
"Tenían que haberlo hecho antes que los trabajadores, ya que 18 millones de euros son del Gobierno", ha afirmado el presidente del comité en alusión a la querella. En el marco de esta investigación judicial, la abogada de la parte social acaba de solicitar la imputación, también, de tres directivos de Teka.
