El pasado 28 de mayo, el 35% de los cántabros votaron al Partido Popular en forma de “castigo” por la trama de obras públicas en la consejería del PRC. Un voto representativo que supone un cambio de ciclo en la política de Cantabria tras 8 años de gestión del PRC-PSOE.
En los últimos días se han ido publicando diferentes noticias en las que Buruaga, previsiblemente la futura presidenta del Gobierno de Cantabria, está empezando a dejar claro qué tipo de políticas quiere aplicar, basadas en el ladrillo, privatizaciones y recortes en los servicios públicos. Una de sus primeras propuestas es derogar la ley del suelo para construir en suelo rústico sin ninguna restricción, un riesgo inasumible por parte del medio rural de Cantabria, ya gravemente afectado por las políticas del hormigón y de multinacionales energéticas. En segundo lugar, pretende bajar al mínimo los impuestos para “liberar a los cántabros”, pero ¿Qué supone esto? ¿De dónde van a obtener entonces el dinero? El antecedente de la legislatura 2011-2015 es un buen ejemplo de esto.
En su discurso de investidura, Ignacio Diego, con Buruaga y Leticia Díaz de manos derechas, comenzó a hablar de austeridad, transparencia y estabilidad fiscal. Además, anunció la realización de auditorías y una apuesta por el “buen gobierno” en sectores claves. Sus palabras significaron el comienzo de una de las etapas más oscuras de Cantabria tras la etapa de Hormaechea, aplicándose un plan de reequilibrio financiero con recortes, con fusiones de empresas públicas y despido de personal, privatizaciones y aumento de tasas.
En transparencia, quiso “sustituir la información por la demagogia”, traducido posteriormente en ocultar el gasto en Tubacex, negando el derecho de los ciudadanos de conocer las inversiones del gobierno del PP. En empleo, impulsó un plan de empleo subvencionado y partidista que incrementó el desempleo hasta en un 3%. En el ámbito social, se realizaron recortes de gran envergadura, cerrando residencias, dejando bajo mínimos el gasto en agentes sociales mientras la tasa de exclusión social llegaba a máximos, suprimiendo consejos imprescindibles como el de Juventud y dejando sin recursos al de la Mujer.
Los casos más conocidos y mediáticos de la gestión del PP de Cantabria fueron los recortes y privatizaciones en Sanidad y Universidades
Los casos más conocidos y mediáticos de la gestión del PP de Cantabria durante esa legislatura fueron los recortes y privatizaciones en Sanidad, Universidades y el trato de Ignacio Diego y sus consejeros a los trabajadores. Los antiguos trabajadores de Sniace saben de esto, cuando en 2014, mientras se acogían a su derecho a huelga, el presidente se burló de ellos.
En el ámbito sanitario, el estado, liderado por M. Rajoy, se comprometió a pagar íntegramente las obras del nuevo Valdecilla. En 2015, tras 4 años, solo pagaron la mitad y, en 2016, intentaron anular la cantidad abonada, siendo recurrida por el Gobierno PRC-PSOE y siendo finalmente abonado lo pendiente por María Jesús Montero. Mientras tanto, el Partido Popular de Cantabria, con Buruaga como responsable de Sanidad, se encargó de firmar un contrato público-privado de 760 millones, externalizando la gestión no sanitaria a Ferrovial durante 20 años, misma empresa en donde el hijo de César Pascual, ex gerente de Valdecilla está trabajando.
Entre 2011-2015, la Universidad de Cantabria vivió una sus peores etapas
Entre 2011-2015, la Universidad de Cantabria vivió una sus peores etapas. La gestión estuvo marcada por una subida de las matriculas a los estudiantes de unos 500 euros, una reducción de becas y recortes en el presupuesto que según aquel gobierno “no impedía a investigadores y profesores seguir con su labor”. A ello, se le suma la creación de la Universidad Europea del Atlántico, de gestión privada y con una calidad bajo mínimos, estando profesorado y alumnado bajo grandes vulnerabilidades. El peor momento se vivió en 2014, cuando se llevó un acto público bajo el lema “Tengo una pregunta para usted” en el que participó Ignacio Diego. Un grupo de estudiantes quiso increpar de forma pacífica la mala gestión y proceso de privatización liderado por el PP pero, en vez de respetar la libertad de expresión, se solicitó la intervención de los cuerpos de seguridad, impidiendo la entrada de los estudiantes y negándoles sus derechos.
Ahora, en las elecciones de 2023, Buruaga ha realizado una campaña llena de vagas promesas y de vídeos “críticos” sobre actuaciones no cometidas o “malas gestiones” que ellos mismos pudieron hacer o evitar durante sus años en el poder. Quedan 4 años en donde el PP de Cantabria deberá demostrar si está del lado de los cántabros y cántabras o de las multinacionales con las que accedieron al poder. Alea iacta est.