El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado clausurar cautelarmente el complejo deportivo y de golf Club Shangri-la, situado en la localidad de Gandarilla dentro de la periferia del Parque Natural de Oyambre, tras ordenar, también, la suspensión del macropuerto deportivo en la bahía de San Vicente de la Barquera, dentro del espacio protegido, en ambos casos sin haber informado, como es obligación de la Consejería de Medio Ambiente, al Patronato del Parque.
Se ha vuelto a demostrar, como lo viene haciendo desde hace varios años, la inutilidad de este órgano de supuesta participación del espacio protegido que, tras más de tres décadas desde su creación, sigue profundizando en la degradación de sus singulares valores mientras carece del Plan Rector de Uso y Gestión, de los Planes de Desarrollo Sostenible y Sectoriales, y de los mecanismos de prevención de impactos. que la ley le exige como instrumentos imprescindibles para las labores de regeneración, restauración y corrección de las numerosas agresiones ambientales y sobre el paisaje que se vienen produciendo y para lograr un mayor compromiso con la población afectada de los municipios de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Udías y Comillas en la defensa de su desarrollo sostenible y en la difusión entre los integrantes del Patronato de las decisiones o actuaciones que pudieran afectar al Parque Natural, que continúa, por otro lado, sin ampliar sus límites al entorno de los estuarios de los ríos Nansa y Deva.
Se sigue sin saber el estado de ejecución de sentencias firmes sobre la escollera del Pájaro Amarillo, el camping del Rosal o Las Tenerías
Podríamos empezar denunciando el fracaso en la concesión de subvenciones para las actividades productivas tradicionales o de nueva creación que han quedado desiertas al no haberse realizado el seguimiento con los asesoramientos técnicos y legales para los posibles aspirantes; o el empeño en externalizar ámbitos de gestión de atractivos turísticos o intervenciones ecológicas relacionadas con itinerarios didácticos, visitas guiadas o mejoras ambientales, renunciando a la ampliación de plantillas propias asignadas al Parque mediante convocatorias abiertas de contratación con criterios de mérito, capacidad, publicidad e igualdad de oportunidades para evitar el clientelismo, el tráfico de influencias o los favores políticos que suelen rodear esta negativa a la gestión directa de unos recursos con vocación de permanencia y continuidad. A lo que se añade la inexistencia de propuestas o peticiones concretas para recibir fondos europeos con los que aumentar los presupuestos de inversión en áreas que participan de las figuras de Lugares de Interés Comunitario (LICs) y de Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPAs) o en los proyectos de retranqueamientos generalizados de los aparcamientos, infraestructuras y autocaravanas que deberían desplazarse a los márgenes de las carreteras N-634 y C-6316 entre el cruce Los Llaos y La Revilla con el objeto de fomentar los desplazamientos peatonales o ciclistas a las playas y los bordes litorales y evitar las interferencias con los usuarios y residentes en los núcleos de población del interior del Parque.
La gestión del Parque adolece, a su vez, de iniciativas sostenibles y programas de restauración ambiental y de paisajes y micropaisajes que incidan en la mejora de la calidad de las perspectivas abiertas, las aguas y los suelos mediante la fitodepuración de las aguas residuales, particularmente apropiadas para núcleos de pequeño tamaño, viviendas aisladas, negocios de hostelería, actividades agroganaderas, queserías..., y sin que se hayan financiado tampoco, alternativas forestales de sustitución de monocultivos arbóreos de crecimiento rápido y plantaciones masivas e indiscriminadas de pinos y eucaliptos por reforestaciones con vegetación autóctona, maderas nobles o explotaciones frutícolas que amplíen el Monte Corona –donde se están desencadenando procesos erosivos en las cabeceras de Rioturbio y Navas del Rey–, los bosques de galería y las formaciones de ribera en torno a ríos, arroyos, canales, marismas, rías y estuarios o que sirvan de ingresos complementarios para evitar el abandono de tierras agrícolas.
También se sigue sin referencias concretas a proyectos de dinamización económica y dedicaciones específicas en la restauración de los numerosos testimonios relacionados con las culturas rurales y marineras que se encuentran en situación de ruina o abandono: El Lazareto de Abaño, las Colonias de la Institución Libre de Enseñanza, la Torre de Ballenas de Oyambre, la batería de Ubiembre, La Casa del Guarda en Corona, los molinos de marea...– o con lugares de interés natural y biodiversidad como son las zonas húmedas fósiles de Bederna, Merón o Los Llaos, las colas de marisma en La Rabia, Zapedo, Rubín y Pombo, los paisajes de cercas, o caminos y acantilados con graves problemas de conservación como son los existentes entre Trasvía. La Argolla y Merón, el acceso al Pájaro Amarillo, los que conectan Boria con la costa norte, o los de los perímetros meridionales y occidentales en torno al Monte Saria, los ríos Escudo y Gandarillas, Rioturbio, El Tejo, Sejo Caviedes, el Barcenal, Hortigal, Serdio y Prellezo.
Por otro lado, se sigue sin saber el estado de ejecución de sentencias firmes sobre la escollera del Pájaro Amarillo, el camping del Rosal o Las Tenerías, la posición oficial del Parque sobre la degradación urbanística del barrio de La Barquera, Boria-Santillán, y Las Calzadas en San Vicente de la Barquera, así como la situación actual de los litigios sobre la caducidad de concesión para usos deportivos del sistema dunar de Oyambre o del futuro de la suspensión cautelar y los recursos o alternativas al proyecto de macropuerto deportivo de San Vicente, además de la depuración de responsabilidades en la indemnización con dinero público a la empresa promotora por la anulación de la macrourbanización de Santa Marina o la variante de Oyambre y la aclaración sobre el procedimiento de adjudicación de la rehabilitación y funcionamiento de la Casa de Pozo como Centro de Interpretación.
Finalmente, seguimos sin disponer, en abierto desafío a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, de una página web con información precisa y cotidiana sobre la gestión del Parque –algo que también padecen el resto de los espacios protegidos de Cantabria: marismas de Santoña, Collados del Asón, Saja-Besaya, Picos de Europa....– en materia de inversiones, programas y proyectos de actuaciones, plantillas, coordinación con otras Administraciones Públicas o empresas privadas, las recalificaciones urbanísticas y las repercusiones de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanismo de Cantabria (la LOTUCA) en el espacio protegido.