La intensidad y frecuencia de los temporales está poniendo en evidencia la incidencia del cambio climático –y la propaganda decorativa de políticas ambientales aisladas de sus contextos territoriales más amplios y con visiones a corto plazo– y la ausencia de criterios transversales en programas y presupuestos que vayan más allá de la creación de espacios protegidos –parques naturales o nacionales, Red Natura 2.000, ZEC,s...–, y apuesten decididamente por la "protección del espacio" –y de la calidad de vida en los lugares de residencia, trabajo, estudio, encuentro, comercio, ocio, cultura..., y en intercambios y desplazamientos...– para superar la compartimentación y las fronteras entre áreas urbanas, periurbanas, industriales, rurales o con un grado de naturalidad, y dotar de permeabilidad y desarrollo armónico y global a las poblaciones humanas y sus soportes de clima, relieve, suelo, hidrografía –con sus aguas marinas y continentales–, biodiversidad. Lamentablemente esa visión limitada se manifiesta en Cantabria con el retraso de instrumentos fundamentales como una Consejería de Medio Ambiente y Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio, imprescindibles para conocer y catalogar la salud de los ecosistemas y la regulación de usos y actividades –explotación de recursos, localizaciones fabriles y urbanas, infraestructuras y vías de transporte...– dentro de una legislación ambiental con las tipificaciones adecuadas –y las iniciativas obligadas de instituciones y Tribunales– para evitar una de las grandes aportaciones de Cantabria al Derecho Universal: la figura de "el delito sin delincuente", donde nadie –ni personas, plantas, animales o cosas– ha sido condenado u objeto de cauciones disuasorias.
Este desprecio a los valores ambientales se ha traducido en la degradación del paisaje y el fracaso del Plan de Ordenación del Litoral y de las leyes
Una figura que ha dado lugar a la impunidad de los responsables en la serie –y hay, desde luego, muchas más infracciones que, ni siquiera, han sido juzgadas ante la ciega mirada de las insitituciones encargadas de denunciarlas– de sentencias contrarias a actuaciones de particulares, titulares o gestores de Administraciones públicas –técnicos, funcionarios o políticos de Ayuntamientos, Consejerías u organismos del Estado– que han salido impunes en las autorizaciones y bendiciones otorgadas a centenares de viviendas que deben ser derribadas, a carreteras o variantes anuladas, a macrodepuradoras –la de Vuelta Ostrera, más de 500 millones de euros entre la inversión inicial, el desmantelamiento y la obra nueva– que deben ser demolidas y, lo que ha sido también trascendental, la aprobación de planes de ordenación urbana consagrando crecimientos urbanos en mancha de aceite y la dispersión del poblamiento, la invasión de suelos rústicos y llanuras de inundación con viales o usos residenciales e industriales, la desaparición de meandros y zonas húmedas adyacentes en los ríos, la deforestación de la vegetación autóctona y la plantación masiva de eucaliptos y pinos –pieza clave, como se viene comprobando en las últimas décadas, en las inundaciones al reducir la infiltración y el esponjamiento de los suelos, y aumentar la velocidad de las escorrentías superficiales en períodos de fuertes lluvias–, entre otras actuaciones que siguen generalizándose por todo el territorio.
Este desprecio a los valores ambientales –y los económicos, sociales y culturales vinculados a su conservación– se ha traducido en la degradación del paisaje y el fracaso del Plan de Ordenación del Litoral y de las leyes del Suelo, Paisaje, Conservación de la Naturaleza o Patrimonio Cultural de Cantabria, en garantizar la singularidad de los valiosos escenarios de la región mediante el respeto a las perspectivas y horizontes que definían la síntesis de Naturaleza y Cultura, degradando las estructuras de mosaico y los paisajes de cercas de las áreas rurales, los testimonios de la arquitectura civil y religiosa y sus entornos inmediatos, el patrimonio menor –fuentes, lavaderos, molinos, boleras, cierres, pasarelas, humilladeros, camberas...–, las zonas húmedas fluviales y litorales, las línea de cumbres más frágiles y expuestas , o los paseos abiertos de los bordes costeros en torno a bahías, rías, estuarios, dunas, playas, marismas o acantilados con el escándalo más reciente de la paralización del macropuerto deportivo de San Vicente de la Barquera que olvidaba, además de los fundados argumentos de la Plataforma en su contra -y después de una década de advertencias sobre su flagrante ilegalidad–, los últimos informes del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria sobre la subida del nivel del mar y las inundaciones en el lugar que pretendía construirse, la inminente reforma de la Ley de Costas con la introducción de criterios más exigentes en retranqueos y ocupaciones de la franja marítimo-terrestre para prevenir los impactos del cambio climático en la franja litoral, y el flagrante incumplimiento, entre otras normas y disposiciones legales, autonómicas, estatales y europeas. del Artículo 3º 1 a) Zona litoral, de la Ley 4/1988, de 26 de Octubre por la que se declara a "Oyambre" Parque Natural: –Queda prohibida toda actividad que pueda alterar los elementos y la dinámica del ecosistema del parque natural con la instalación de elementos artificiales de carácter permanente que limiten el campo visual, rompan la armonía del paisaje o desfiguren las perspectivas.
Unos impactos que no han sido corregidos ni sometidos a un programa exigente de restauración ni siquiera –y volvemos a insistir en la prioridad de "proteger el espacio" frente a la mayor atención a los "espacios protegidos"– en aquellos lugares que supuestamente iban ser objeto preferente como son los mismos Parques Naturales que han ido perdiendo muchos de los valores originales que motivaron su creación y que ahora mismo llevan más de un año sin convocar a los Patronatos, sin los obligatorios informes anuales, sin los instrumentos de ordenación y protección que recogen las leyes y normativas específicas –PORN, PRUG, Planes Sectoriales...–, y sin las dotaciones presupuestarias adecuadas para que ayuntamientos, empresas o particulares asuman el desarrollo sostenible en los usos y actividades sobre los territorios y recursos en que se se asientan.