miércoles 20.11.2019

Las obras públicas, el asfaltado de cerebros y otras sutiles artes de la alienación política

Las políticas de obras públicas han sido históricamente uno de los instrumentos más frecuentes para que los regímenes autoritarios las hayan convertido en la propaganda y la supuesta eficacia de sus respectivos gobiernos.

Las políticas de obras públicas han sido históricamente uno de los instrumentos más frecuentes para que los regímenes autoritarios las hayan convertido en la propaganda y la supuesta eficacia de sus respectivos gobiernos. Sin embargo, tampoco los sistemas democráticos han sido incapaces de sustraerse a una serie de viciosos procedimientos en la redacción de los proyectos, la adjudicación de su realización –sea directamente o por la iniciativa privada–, y los criterios clientelares en función de sus afinidades políticas o repartos de favores para asegurase apoyos electorales o financiaciones de campañas, envueltos todos ellos –los proyectos, las adjudicaciones y los criterios clientelares– en conductas claramente delictivas a través del pago de comisiones, prevaricaciones, sobornos y cohechos, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, ... que, como bien se ha podido comprobar–aunque hayamos asistido solo a la punta del iceberg–, han sido prácticas habituales en España por todas las Administraciones –municipales, autonómicas y estatal– al construir carreteras, autovías, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, viviendas o infraestructuras de saneamiento y depuración, abastecimiento de agua y regadíos, telecomunicaciones, explotaciones mineras, aprovechamientos forestales, ...

Actividades económicas que tienen, además, la particularidad de haberse convertido en los últimos tiempos neoliberales en un negocio seguro y sin riesgos para las grandes empresas a través de las privatizaciones generalizadas de la infraestructuras, equipamientos y servicios básicos cuyas obras han sido financiadas por las distintas Administraciones del Estado que han renunciado a su gestión directa –y a sus beneficios económicos, sociales y ambientales– en aras a la supuesta aptitud o superior eficacia de esa iniciativa privada que ha sabido prosperar a la sombra de los poderes establecidos y los regímenes de oligopolio, mercados cautivos, ausencia de competencia, prácticas de cárteles para reforzar aún más sus posiciones de privilegio e imponer precios y condiciones de acceso a sus mercados para usuarios o consumidores de sus ofertas o productos con la ventaja añadida, por si fuera poco, de sus rebajas fiscales en los impuestos de sociedades, la extrema tolerancia con el trasiego de dinero negro o su recurrencia a los paraísos fiscales, la manipulación de tarifas cuando pretenden ser mínimamente reguladas, o los oscuros repartos de beneficios entre sus dirigentes o accionistas.

Las trampas de todos estas ingenierías contables y artificios financieros no acaban en esta antología de delitos porque el despilfarro de los recursos disponibles se amplía con muchísima más frecuencia y magnitud

Pero las trampas de todos estas ingenierías contables y artificios financieros no acaban en esta antología de delitos porque el despilfarro de los recursos disponibles  –los propiamente económicos del Estado pero también aquellos de carácter social, natural, ambiental o cultural– se amplía con muchísima más frecuencia y magnitud bajo la apariencia de una “legalidad” experta en crear necesidades artificiales o superfluas, marginar los objetivos más urgentes y prioritarios, dejar al margen los impactos sobre el medio ambiente, recortar los servicios públicos – sanidad, educación, pensiones, dependencia...–, que aún resisten las privatizaciones y garantizan la universalización del Estado de Bienestar, e ignorar las rentabilidades o externalidades que no encajan en su balance de beneficios cuanto más rápidos e inmediatos, mejor. Una supuesta legalidad que olvida, con sospechosa reiteración, el control y seguimiento de las obras en su ejecución o mantenimiento; que no duda en inflar el alcance y volumen de los proyectos aprobados con encarecimientos añadidos y modificados tramposos; que certifica alegremente facturas, contratos, calidades y contenidos; y que, además, para rematar la defraudación y los engaños sistemáticos, se acompaña –y esto sí que son auténticos lavados de cerebros– de toda una estrategia propagandística sobre las virtudes de políticos, instituciones, técnicos y empresas responsables. Porque no hay peor política que la que no establece prioridades ante tantas necesidades sociales, educativas, sanitarias, de conservación y restauración del patrimonio Natural y Cultural, de corrección de impactos ambientales, de dinamización de los tejidos productivos locales y desarrollo endógeno; que no aspira al equilibrio entre la rentabilidad económica, social y ambiental de las inversiones que realiza; que cree que las infraestructuras viarias son la panacea con su extensión indiscriminada, desproporcionada y agresiva; y que olvida que la movilidad y el transporte sostenibles son algo más que apurar la accesibilidad a la mayor velocidad posible hasta el último rincón o infrautilizando ejes viarios sin estudios previos sobre la naturaleza y la composición de tráficos, ignorando flujos existentes o razonablemente previsibles y dejando al margen medidas de ordenación territorial, planificación urbana, fiscalidad ecológica, educación ambiental, seguridad viaria, itinerarios alternativos públicos y colectivos con arcenes peatonales, redes de carriles bici –y no tramos aislados y desarticulados  a modo de decorado ambiental–, el ferrocarril convencional y de cercanías,... al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos e intereses mayoritarios, y no de la consideración del automóvil como el rey de la creación o de un turismo de élite navegando por mares, aves y cielos.

Es necesario, pues, una reforma en profundidad de la ley de Contratos del Estado y de las Administraciones Públicas con la exigencia de estudios rigurosos sobre los proyectos aprobados y adjudicados; con la transparencia, igualdad de oportunidades y pluralidad de las comisiones de contratación; con la autonomía y profesionalidad de la CNMV, la CNMC,  los Tribunales de Cuentas, Interventores, Secretarios, Tesoreros y Recaudadores; con compromisos explícitos sobre los acabados finales; con información pública y participación ciudadana;  y con las dimensiones y alternativas adecuadas a los límites ambientales y el respeto al Patrimonio Natural y Cultural. Y tal vez así se consiga que disparates y derroches de los dineros públicos como han sido en España la quiebra de las autopistas radiales, aeropuertos sin aviones, los sobrecostes de los AVEs, el proyecto Castor, desaladoras e infraestructuras hidráulicas, rescates bancarios –muchos de ellos en función de las financiaciones suicidas a promotoras de obras públicas–; o como en Cantabria la demolición de viviendas, la impunidad del cartel del asfalto, el empecinamiento en los macropuertos de Laredo o San Vicente, los graves errores de los diques de la Magdalena, la senda costera o las escolleras de Costa Quebrada, los puentes innecesarios sobre el Saja en Golbardo y Virgen de la Peña, la ilegal depuradora de la Vuelta Ostrera, la anulación de las variantes de Oyambre y Comillas, los riegos indiscriminados de alquitrán y hormigón, la renovación o reparación de viales pésimamente trazados y sin estudios previos..., sean sustituidos por programas de pacificación del tráfico y las dimensiones ecológicas en la planificación urbanística y la ordenación territorial, en los desplazamientos urbanos e interurbanos, en la mejora e impulso a los transportes públicos, las conexiones intermodales..; por un plan de viviendas públicas y sociales; por inversión en I+D+i; por la corrección del déficit en equipamientos geriátricos, pensiones, dependencia, sanidad y educación; por la generalización de restauraciones ambientales y de los núcleos históricos o cascos urbanos frente a la invasión  del suelo rústico... 

Las obras públicas, el asfaltado de cerebros y otras sutiles artes de la alienación...
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