Este miércoles asistí atónito al desahucio de Jennifer y sus dos hijos en la calle Isla de Cuba en Santander. Nada más llegar, un furgón a cada lado y un cordón policial impedían el acceso a dicha calle, excepto a trabajadores y residentes. Sin haber sobrepasado el cordón policial, uno de los agentes no dudó en acercarse a identificar a los presentes. La Ley Mordaza le ampara.
A pesar de no tener ningún motivo, en pocos segundos dicho agente me requirió el documento nacional de identidad. Al preguntarle el motivo, otro agente insistió en que “no la liase”, que si me resistía a identificarme, me llevarían a comisaría para tal fin. “¿Por qué pide que me identifique?”, insistía yo. La respuesta de los agentes fue contundente: “Porque vienes a parar un desahucio”.
“¿Me identifica porque vengo a parar un desahucio?”, respondí incrédulo. ¿Cuándo se convirtió eso en delito?, que me perdí yo aquel día. ¿En qué momento Ainoa Quiñones, delegada del Gobierno de España en Cantabria, ha permitido semejante despliegue policial para echar a una familia de su vivienda sin que nadie pudiese impedirlo? Esa misma Ainoa que ya ha manifestado su intención de “ser la próxima alcaldesa” de la ciudad en la que se producía el desahucio.
He asistido a diferentes intentos de desahucio, todos ellos paralizados, pero en ninguno me he encontrado con semejante despliegue policial
En los últimos años, he asistido a diferentes intentos de desahucio, todos ellos paralizados, pero en ninguno me he encontrado con semejante despliegue policial, que ha sorprendido hasta a las personas más veteranas de la PAH al no ser lo habitual. Han impedido nuestro derecho al libre tránsito por la calle Isla de Cuba, a poder estar en la acera del portal número 1, donde se produjo el lanzamiento sin que nadie pudiese evitarlo. De haberlo intentado, antes siquiera de poder acercarme al portal, habría acabado detenido en uno de los dos furgones policiales. Y por si alguien lo intentaba, uno de esos agentes, el mismo que me identificó, no dudó en entrar al furgón y sacar la porra “por si fuera necesario utilizarla”.
“No quisiera yo que el día de mañana les pasara a ellos (los policías) y sean sus propios compañeros los que les saquen a palos de sus propias viviendas. Yo sí tengo empatía, la policía en cambio no parece tener ni una pizca”.
Jennifer, víctima de violencia de género y sus dos hijos de 3 y 7 años, fueron desahuciados en este segundo lanzamiento
Jennifer, víctima de violencia de género y sus dos hijos de 3 y 7 años, fueron desahuciados en este segundo lanzamiento por un fondo de capital riesgo del grupo SADISA (Ascán), empresa que está costando millones de euros a las santanderinas y santanderinos por la nefasta gestión de Gema Igual con las basuras y la limpieza viaria.
La joven convivía con su madre dependiente. En el primer intento de lanzamiento, no se disponía aún del informe de vulnerabilidad de los Servicios Sociales de Santander, que habría ayudado a frenar el desahucio en este segundo intento de no ser por la negligente actuación del abogado de Jennifer, que no lo entregó en el Juzgado. Un abogado de oficio sin el más mínimo esfuerzo por hacer su trabajo, presente tanto en el primero como en este segundo intento de desahucio, pero sin hacer nada por evitarlo. Cuando digo nada, es nada. No movió ni un dedo, ni un gesto, ni medió una palabra por su parte.
El futuro de Jennifer es ahora incierto, y no será por la falta de viviendas de acogida... ¿Cuántas viviendas vacías hay en Santander? ¿Cuántas de ellas pertenecen a la Sareb, el “Banco malo”?
No se puede dejar a nadie en la calle sin alternativa habitacional cuando se dispone de viviendas vacías donde poder alojarles hasta encontrar esa alternativa.
Ni casas sin gente ni gente sin casas.