No creo que exista un solo hogar español exento del acoso comercial telefónico. Principalmente llamándonos al móvil, los ciudadanos sufrimos molestias a las horas más intempestivas, y lo mismo se podrían denunciar llamadas al anochecer e incluso en sábados. Por supuesto, los momentos de la comida y de la siesta son los instantes preferidos por las operadoras para incordiarte con que cambies de compañía energética, línea de móvil o mejor seguro de automóvil o sanitario del que puedas tener ahora. Todo un camelo, empezado por las persecuciones que los usuarios venimos padeciendo en España, ya que dichas compañías te llaman donde sea menester (móvil, casa, trabajo), y a la hora que les parezca. Por supuesto que, al recibir estas comunicaciones no consentidas, las malas contestaciones abundan como respuesta, no aportando buen ejemplo que contrarreste la de por sí mala educación nacional.
Ahora entra en vigor la Ley General de Telecomunicaciones, que cuenta con aspectos muy concretos de protección del usuario ante estos abusos de llamadas no autorizadas. Será ilegal que sin un consentimiento previo las empresas se comuniquen con los usuarios, o salvo que la llamada sea necesaria para el cumplimiento de un contrato o para los intereses vitales del usuario. Estos últimos aspectos no me gustan porque dan mucho margen para seguir como hasta ahora. Luego están las multas. La más gorda puede llegar a los 100.000 euros, pero estamos hablando de unas multinacionales que manejan más dinero que muchos pequeños países subdesarrollados.
Aquí contamos con leyes sobre transparencia o protección de datos, pero sin una concienciación social para el cumplimiento ejemplar de las mismas nunca saldremos de los casos de su mala aplicación. Si algo empeora más si cabe los contenidos de estas normas es que el propio Estado, Gobierno o Administraciones no sean las primeras en aplicar a rajatabla la custodia rigurosa de cualquier fichero relacionado con un ciudadano.
“Entra en vigor la Ley General de Telecomunicaciones. Será ilegal que sin un consentimiento previo las empresas se comuniquen con los usuarios”
Con nueva Ley de Telecomunicaciones o sin ella, la mala costumbre está ya demasiada afianzada. Tiempo atrás no nos hemos hecho adecuadamente bien las preguntas acerca de porqué tienen nuestros teléfonos y direcciones particulares, quién se los ha facilitado, ¿se venden entre empresas este tipo de información?, ¿se sigue haciendo hoy?, ¿continuará siendo así el día de mañana?
Vale, hay multas. Son pobres. Existe un organismo al que acudir en caso de sentirte acosado, como es la APED (Agencia Española de Protección de Datos). Muy pocos están hechos en el conocimiento de este departamento gubernamental. Además, cuando entra en vigor esta nueva normativa en telecomunicaciones, la Administración, sobre todo la central, no está precisamente en sus mejores momentos de eficacia. Atiende muy poco presencialmente, y mayormente has de pedir cita previa (¡increíble!). De ponerte en contacto con la Administración a través de sus webs y no digamos por teléfono, más te vale ser hombre o mujer con dotes de paciencia, porque, de lo contrario, el enfado está asegurado. Esta es la gran debilidad de esta Ley de Telecomunicaciones, su vulnerabilidad, y por qué no apuesto mucho por ella.
De todas formas, un artículo es divulgación. Puede ir de boca en boca, por e-mail, wasap o terminar en las redes sociales. De ahí que les voy a contar lo que aconseja Protección de Datos si nos siguen incordiando con llamadas al móvil no autorizadas, que incumplen las leyes, y que además (con sorna digo que esto es lo peor) nos levantan de la mesa mientras estamos comiendo o nos despiertan abruptamente de la merecida siesta. La APED recomienda contactar con la empresa que te da la lata y lanzarles un primer aviso, además de reclamarles que te borren de sus ficheros. También podemos interponer una reclamación ante la propia Agencia de Protección de Datos. Los españoles somos muy dados a pedir favores por todo, cuando el pertinente escrito, ahora e-mail, sigue siendo un documento muy efectivo que enviar y registrar en una Administración concreta que no te está ofreciendo el servicio y atención que merecemos.
Creo que tampoco están suficientemente publicitados, pero existe la posibilidad de que nos registremos en sistemas de exclusión publicitaria, estilo listas Robinson. Son directorios creados con la finalidad de ayudar a particulares a librarse del acoso publicitario vía teléfono, SMS, e-mail o correo postal. Aunque hay que insistir en que el legislador y, especialmente el Gobierno, debe erigirse en el auténtico defensor del contribuyente. Eso ahora no pasa y solo hay que citar el gravísimo problema de los okupas, sin interés ninguno por solucionarlo que hay dentro del Consejo de Ministros.
Hasta ahora, y en defensa del consumidor, tampoco han funcionado los códigos éticos anunciados por las grandes compañías o multinacionales, en su intento de mejorar la imagen frente a los usuarios. Se presentaban, se incluían apartados sobre que las llamadas telefónicas a hogares se harían en horario comercial, pero luego se incumplía lo dicho desde el minuto uno. En España no ha habido además grandes sanciones en este aspecto. Y si las ha habido, recurso tras recurso interpuesto, al final la casa se ha quedado sin barrer. Otros países de nuestro entorno son mucho más serios y exigentes en este sentido.
“Tiempo atrás no nos hemos hecho bien las preguntas sobre porqué tienen nuestros teléfonos, quién se los ha facilitado o se venden entre empresas”
Como quiera que no paran de llegar de Bruselas rapapolvos al Gobierno y la Administración española sobre medidas adoptadas aquí que no encajan en el funcionamiento de la Unión Europea, resumo futurizando que no podemos esperar mucho de la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones. No existe un buen ejemplo en general sobre el respeto a la legalidad: rebaja penas malversación, sedición, okupas, bochorno y gravedad extrema social creada con la Ley del sí es sí, intromisiones en el Poder Judicial, sentencias chocantes del Tribunal Constitucional, último tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos sobre elección de jueces en el Consejo General del Poder Judicial, suma y sigue. Un escenario así, no es como para tener confianza en que se vaya a velar por la protección e intimidad de los ciudadanos, y que deje de sonar de repente el teléfono para ofrecerte con insistencia un mejor contrato de gas. ¡Que estabilicen los precios de todo y se dejen de gaitas!