Cosa de los nuevos tiempos, además de ser habitual sacarse un seguro para conducir vehículos, también de vida, hogar o decesos, ahora se ha convertido en normal contratar la póliza anti okupas. Dentro de la UE debe sonar muy chocante que un Gobierno, el de España, que ha de garantizar los derechos, entre ellos a la propiedad privada, no haga lo suficiente, incluso mire para otro lado, con todo el problema que se da actualmente, y mayormente conocido como los okupas que entran en vivienda ajena para quedarse, y no se les puede fácilmente desalojar. Sí, ciertamente chocante. Tanto es así, que el 77% de los españoles lo considera ya un problema social, según los estudios al respecto que llevan a cabo desde hace varios años las grandes aseguradoras y también inmobiliarias, que, por supuesto, hacen buen negocio con el problema. Chocante ya lo he dicho dos veces, pero lo de desastroso aún no lo había sacado a escena.
Pues resulta que Cantabria aparece entre las tres primeras regiones españolas, tras Cataluña y Andalucía, donde mayor preocupación hay porque alguien ocupe ilegalmente viviendas. Y por eso se crea acertadamente un mapa de “okupaciones”. Para concretar la situación real en cada municipio y, de ahí, en el conjunto de la comunidad autónoma. En los últimos años el problema se ha extendido de manera muy preocupante. Han sido notorios los conflictos acaecidos en municipios como Meruelo, pionero en la lucha antiokupas, mediante la creación de la plataforma ciudadana “Meruelo sin Okupas”. Recientemente, Cantabria saltó a los medios nacionales por la tensa desocupación en Ramales de unas viviendas, a cargo de una empresa especializada en este tipo de conflictos. Desocupación express llaman a esta novedad, que se suma a la de los seguros contra Okupas.
“Además de ser habitual sacarse un seguro para conducir vehículos, vida, hogar, ahora se ha convertido en normal contratar la póliza anti okupas”
Para no cargar solo las tintas en la irrupción en pisos de particulares, hay que aclarar que un gran número de las viviendas en las que se entra pertenecen a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb). Muchos ya no lo recodarán, pero a consecuencia de la gran crisis financiera que sufrió España, en el periodo 2008-2015, se creó un banco malo que adquirió todos los inmuebles de las entidades bancarias quebradas a consecuencia de la burbuja del ladrillo. Un 45% del capital de la Sareb es público, y aquí estriba también el problema de que el Gobierno no actúe con este tipo de ocupaciones, al tiempo que da un pésimo ejemplo hacia el resto de casos que se pueden dar con otro tipo de propiedades particulares que no tienen ese carácter público.
En la España de hoy no hay consenso posible. Ni en la vergonzosa amnistía, ni en atajar la corrupción, ni en renovar el Consejo General del Poder Judicial (mediando Bruselas como está), ni en atender la enfermedad del ELA, y el antagonismo entre los dos grandes partidos nacionales es total también a la hora de entender el problema okupa y atajarlo. Ante semejantes diferencias, decir que vamos bien es una quimera, término este acertado por su significado de algo que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo.
La solución okupa es, por tanto, compleja, y con el tiempo lo va a ser más, por eso de que la costumbre se hace ley. Por delante esta, ya veremos, que el Senado trabaja en la aprobación de un proyecto de ley de modificación del Código Penal, que básicamente aclare las cosas a la hora de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar cuando se produce una ocupación ilegal.
Estos que les voy a facilitar a continuación son datos que obran en poder del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial. Hablan por sí solos de la magnitud del problema. Entre los años 2018 y 2022, los casos se han incrementado un 37%, lo que ha derivado en 75.000 denuncias interpuestas y 15.000 procedimientos judiciales. Pero hay que ir más allá de los archivos oficiales, y pisar la calle. La sensación es que hay impunidad ante estos delitos, y cuando algo así sucede es porque los engranajes político-sociales-judiciales de un país no están suficientemente fortalecidos. Las salidas que tienen ahora los afectados son bien pocas, y un tanto disparatadas. Por si los gastos familiares no fueran pocos, hoy tienes que sacar un seguro por si te ocupan tu vivienda. Y en el mejor de los casos, cuando se tienen recursos, contratar a una de estas empresas desokupas, que particularmente no me agradan, porque todos sabemos su manera de actuar para desalojar a las personas que entran a vivir en piso ajeno.
“No puede ser que, para cualquier cuestión, los afectados tengan que llamar a instituciones europeas, porque su país no arregla las cosas”
Para empezar, es absolutamente exigible que las Administraciones ofrezcan soluciones al grave problema de la vivienda como hay en España, y que, hoy por hoy, deja a los jóvenes totalmente fuera de juego, a la hora de adquirir casa y también existen serios inconvenientes, dados los altos precios, para alquilarla. Pero hay que llegar a un punto intermedio donde no se perjudique a nadie. Desde luego, lo que no puede ser, y se ha convertido en hartazgo, es que ya casi para cualquier cuestión, los afectados tengan que llamar a la puerta de las instituciones europeas, porque su propio país no arregla las cosas. Ha ocurrido en este principio de 2024, y la noticia fue que las víctimas de la ocupación piden amparo al Parlamento Europeo, después de que, según su versión, el Gobierno les haya dado la espalda en 25 ocasiones. Está claro que este es un asunto que genera distintas sensibilidades. Quiero decir entre quienes lo ven bien y los que no. Tengo una pregunta para los primeros: ¿cómo actuaría alguien a favor del Movimiento Okupa, si fuera él a quien le ocupan la casa?