Isabel Serra (Madrid, 1989) es uno de los rostros conocidos de Podemos, sobre todo en su ciudad natal, donde ha sido diputada en la Asamblea desde 2015. Su trayectoria política la llevó a ser portavoz del grupo parlamentario en la capital española, y actualmente ejerce como asesora en el Ministerio de Igualdad, dirigido por su compañera de partido, Irene Montero, desde 2020. Con motivo de su visita a Santander para apoyar la candidatura de Mónica Rodero a la Presidencia de Cantabria, eldiariocantabria.es habla con ella sobre la situación de la igualdad en España, los avances conseguidos en los últimos años y el peligro que puede suponer el auge de la extrema derecha.
¿Cómo valora la situación de España en materia de igualdad? Seguimos dando pasos, pero cada día surgen nuevas informaciones que demuestran que hay mucho por hacer
Los avances que está consiguiendo en materia feminista el Ministerio de Igualdad en los últimos años están siendo reconocidos a nivel internacional tanto por instituciones como Naciones Unidas o la Unión Europea, como por gobiernos del conjunto de la Unión Europea, de Latinoamérica y de todo el mundo. Estamos dando grandes pasos, estamos siendo capaces de convertir en políticas feministas las demandas del movimiento feminista de los últimos años, como la importancia y de la necesidad de la redistribución de la riqueza y de garantizar el derecho al cuidado para todo el mundo -y que eso no sea sobre las espaldas y los cuerpos de las mujeres-, como la necesidad de tener empleos dignos y condiciones de vida dignas, como el hecho de que hay que seguir avanzando contra las violencias machistas, que no solamente son los asesinatos. Eso solamente es la punta del iceberg, y que tienen que ver con las discriminaciones y violencias que sufrimos en todos los ámbitos de nuestra vida y, en concreto, la importancia también de combatir las violencias sexuales.
El Consejo General del Poder Judicial se ha opuesto siempre a las leyes feministas para avanzar hacia una sociedad más libre y más igualitaria
Este Gobierno ha sido capaz de poner en marcha una demanda fundamental del movimiento feminista y es que no solamente hay que hablar de las violencias contra las mujeres en el ámbito de la pareja o la expareja, sino que hay que desplegar un sinfín de políticas contra todas las violencias contra las mujeres. Eso lo dijo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el año 2017, que fue el texto resultado de un movimiento feminista que desde el año 2016 tenía muchísima fuerza las calles.
Es importante que las políticas sean desde una mirada interseccional para el conjunto de las mujeres, es decir, hay que poner en el centro a las mujeres que siempre han estado en los márgenes de las políticas públicas, las mujeres que no han sido tenidas en cuenta. Y eso implica hacer políticas para que lleguen todas las mujeres a una vida digna, no solamente unas pocas rompiendo el techo de cristal y dejando los cristales rotos para el conjunto de las mujeres; sino que las precarias, las mujeres racializadas, las mujeres que llevan toda su vida trabajando y están recibiendo una pensión que se llama no contributiva -el nombre ya lo dice todo- y que, sin embargo, han estado sosteniendo la vida de muchísimas personas durante toda su vida.
También estamos avanzando desde el Ministerio de Igualdad en los derechos sexuales y reproductivos. Avanzamos con la nueva Ley del Aborto acabando con los obstáculos del acceso al aborto para las mujeres en nuestro país y también avanzamos en materia de salud sexual, salud menstrual y salud reproductiva. Son unos avances pioneros en el conjunto del mundo.
Respecto a la juventud, ¿cómo se puede luchar contra esos datos que apuntan a que cada vez más jóvenes creen que la violencia de género no existe?
El feminismo tiene capacidad de dar respuestas y está en el centro de la conversación pública. A día de hoy, los debates que más escuchan son los debates en torno al feminismo porque hay una disputa ideológica muy fuerte sobre cuál es el proyecto de sociedad en la que queremos avanzar frente a esta crisis neoliberal. Y en esa disputa ideológica el feminismo está teniendo capacidad de proyectarnos una sociedad mejor.
Frente a esa capacidad del feminismo, surgió una reacción anti feminista que lidera Vox. Eso hace que muchos jóvenes a día de hoy escuchen los bulos de Vox y escuchen a García Gallardo decir que las mujeres víctimas de violencia machista son unas privilegiadas, que escuchen los bulos de que la 'Ley Solo Sí es Sí' te va a obligar a tener un contrato antes de tener relaciones sexuales con una persona. Esos bulos llegan a muchísimos jóvenes, eso es una desgracia.
Pero, sin embargo, hay muchísimas más personas, tanto mujeres como hombres y jóvenes, que están implicándose en política también a través del feminismo y que están cuestionando las relaciones sociales, afectivas y sexuales que vienen de hace tiempo y que generan desigualdades en el ámbito privado y en el ámbito público y que generan sufrimiento y sometimiento para las mujeres.
Por tanto, sí hay una reacción que también llega a los jóvenes, pero creo que es un hecho que la mayoría de la ciudadanía de nuestro país está a favor de seguir avanzando en políticas feministas y que las jóvenes a día de hoy son feministas en su gran mayoría, y eso desde luego es una buenísima noticia que garantiza que vamos a seguir avanzando por mucho que haya una extrema derecha que nos quiere llevar al pasado o que nos quiere llevar a la desigualdad y a una vida para las mujeres con discriminación y sin igualdad.
El 25 de noviembre está cerca. ¿Qué cree que hay que reivindicar con mayor urgencia en materia de violencia de género?
El 25 de noviembre es una fecha para hacer balance de lo que hemos avanzado y para seguir mirando hacia el futuro, para que haya un mañana en el que ninguna mujer sufra violencias machistas y que podamos vivir realmente en una sociedad igualitaria y justa. Hemos avanzado mucho en los últimos años, el Ministerio de Igualdad ha renovado el Pacto de Estado firmado en el año 2017 garantizando una estabilidad en la financiación para las políticas del Pacto de Estado contra las violencias machistas y ha desplegado leyes y medidas para responder a lo que pedía ese Pacto de Estado, que era que haya políticas públicas para enfrentar todas las violencias contra las mujeres. La Ley ‘Solo Sí es Sí’ incorpora la violencia vicaria, la violencia en el ámbito digital y, desde luego, las violencias sexuales y las entiende, que esto es fundamental, como violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y le da una perspectiva y una mirada estructural porque las violencias contra las mujeres son estructurales. No sirve de nada que una mujer se empodere y pretenda aislarse de la violencia machista. Solamente cuando consigamos acabar con la violencia estructural contra las mujeres y, por tanto, todas las mujeres en todos los ámbitos seamos libres, habremos acabado con las violencias machistas contra las mujeres.
En el ámbito de la justicia, desde el Ministerio de Igualdad hemos prohibido el Síndrome de Alienación Parental, que es un síndrome inventado que no existe en base al cual muchos jueces justificaban que las madres instrumentalizaban a sus hijos para denunciar a sus padres o para decir que sus padres abusaban de ellos sexualmente. También se ha prohibido que unos niños tengan que estar con sus padres cuando hay cualquier indicio de violencia machista contra ellos y hemos avanzado en el hecho de que las mujeres no tienen que poner denuncia para ser consideradas víctimas.
Hemos avanzado mucho, pero queda mucho por avanzar y hacer de la justicia una justicia feminista que garantice los derechos de las mujeres, que escuche a las mujeres, que asuma como válidos los relatos, las palabras, las voces de las mujeres, es fundamental.
Hay una tarea también muy importante que nos hemos propuesto desde el Ministerio, que es decirle a los hombres que hasta que no se impliquen contra la violencia machista, no vamos a acabar con ella. Y esto no quiere decir que los hombres estén en el centro del feminismo, ni mucho menos. Las mujeres son las protagonistas, los hombres son aliados, pero son aliados necesarios para acabar con esa violencia. Y para acabar con la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos, del mismo modo que hay que romper el silencio y eso lo han hecho muchas mujeres, lo ha hecho el movimiento feminista con el MeToo, por ejemplo, contra las violencias sexuales, los hombres tienen que romper el pacto de caballeros.
El patriarcado les dice a los hombres cómo tienen que ser. Les dice que no pueden llorar, que tienen que ser fuertes. Desde el Ministerio hemos hecho una campaña que se llama ‘El hombre blandengue’, que es muy importante para mostrar cómo han avanzado los hombres en los últimos años y que el hecho de que un hombre cuide a sus hijos y dedique tiempo de su vida a cuidar es algo que hace de nuestra sociedad mejor. Pero, además de que el patriarcado le dice a los hombres cómo tienen que ser y eso es algo perjudicial para los hombres, que serían más felices sin eso, también es evidente que tienen privilegios en el patriarcado y que la única forma de acabar con el patriarcado es renunciar a sus privilegios. Y eso es una tarea del feminismo, pero también es una responsabilidad de los hombres. Y por eso también este 25 de noviembre queremos hablar a los hombres.
Tenemos que hacer todo lo posible por acabar con la extrema derecha en nuestro país, movilizándonos, saliendo a la calle, apoyando y pidiendo más avances del Gobierno de coalición
El PP está bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces. ¿Cómo puede afectar esto al proceso de cambio hacia una mayor igualdad en la Justicia?
Tiene mucho que ver. En primer lugar, la mayoría conservadora y de derechas del Consejo General del Poder Judicial lleva mucho tiempo demostrando ser profundamente anti avance de los derechos de las mujeres y anti igualdad al oponerse en sus informes a la Ley ‘Solo sí es sí’, a la Ley Trans o al matrimonio igualitario diciendo que la unión entre dos personas homosexuales era lo mismo que entre una persona y un animal. También a las leyes contra la violencia de género, la Ley de Igualdad... el Consejo General del Poder Judicial se ha opuesto siempre a las leyes feministas para avanzar hacia una sociedad más libre y más igualitaria.
En segundo lugar, cuando el Partido Popular bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial es porque quiere utilizar el poder judicial como reacción contra los avances del Gobierno de coalición en su conjunto y, en concreto, también de los avances feministas y de la entrada de Podemos en ese Gobierno. Porque lo que está sucediendo en España está sucediendo en otros países latinoamericanos. Y es que desde el Poder Judicial se pretende dar un golpe blando, se pretende ejercer el lawfare contra esos avances sociales y políticos, contra una mayoría que hay a día de hoy en nuestro país, que ha elegido un Gobierno de forma legítima y contra la que se aplica de forma antidemocrática un bloqueo por parte de la justicia.
El control de la justicia por parte de la derecha y el hecho de que, sin necesidad de control por parte del Partido Popular, los propios jueces quieren ser la reacción a esos avances, tiene que ver con tratar de criminalizarnos, inhabilitarnos, meternos en la cárcel o difamarnos a quienes somos dirigentes de organizaciones políticas transformadoras. También tiene que ver con el objetivo de salvar a sus corruptos, como la señora Ayuso, como Cospedal, o como M.Rajoy. Y, en tercer lugar, con impedir los avances sociales, esos avances que quiere una mayoría de la ciudadanía en nuestro país, que quiere la voluntad popular y que antidemocráticamente tratan de bloquear. Por tanto, hay una reacción por parte del Poder Judicial. Además, cuando la derecha plantea como condición para la renovación del Consejo General de Poder Judicial el veto a Victoria Rosell, está planteando que hay un intento de vuelta al bipartidismo, un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, dejando excluido a Podemos. Hay un intento de retroceso hacia el bipartidismo, que es lo que la ciudadanía de nuestro país ya no quiere. Pero ese veto también es un veto contra Podemos y es un veto contra una jueza que se ha caracterizado, no solamente por sufrir el lawfare, una conspiración por parte de un ministro del Partido Popular y de un juez, el juez Alba, que hoy por fin está en la cárcel, sino por ser una jueza valiente que defiende los derechos del conjunto de la ciudadanía y de las personas más vulnerables como, por ejemplo, quienes están en los CÍES. Y es una jueza valiente que estando en el Consejo General del Poder Judicial les va a decir: “No. No estoy de acuerdo con esto que dice esta mayoría", y que representa lo que debería ser la justicia en nuestro país. Por tanto, hay un veto a una mujer que es feminista y que representa lo que es también una justicia feminista.
Pero, además, es importante decir que el movimiento feminista en los últimos años ha dicho que las mujeres tenemos que disputar el poder. Entrar en el poder para transformarlo y para ponerlo en servicio de las mayorías y de las políticas feministas. Por eso las feministas tenemos muy claro que tenemos que entrar en todos los espacios del poder, que es lo que ha hecho Podemos en el último tiempo y es lo que no nos perdonan.
La derecha ha entendido muy bien cuál es el problema de que entre Podemos en el Gobierno de coalición. Pusieron un veto a Pablo Iglesias para que nuestro candidato no pudiese entrar en ese Gobierno. Pusieron un veto a la misma existencia de Podemos en el Gobierno desde el año 2015, que se lleva expresando con una mayoría política en nuestro país, que es la mayoría que hoy conforma el bloque de la investidura que ha dado lugar al Gobierno de coalición. Y, ahora, ponen un veto a Victoria Rosell. Es el mismo veto siempre. De hecho, lo ha entendido la derecha más que buena parte de la izquierda. Todo el mundo sabe que los jueces que nombra el Partido Popular como Arnaldo o Lesmes, que fue cargo del Partido Popular, son jueces militantes de sus proyectos políticos en sentido amplio.
La futura Ley Trans está generando mucho conflicto con su socio de gobierno, el PSOE. ¿Cómo valora todo lo que se está generando en torno a esta ley?
Sucede que un debate que ya estaba cerrado, que ya se había cerrado a favor de los derechos de las personas trans en el seno del Gobierno, y que se había pactado una ley que se llevó al Consejo de Ministros y que posteriormente ha llegado al Parlamento, a día de hoy vuelve a abrirse y vuelve a generar mucho sufrimiento, porque las personas trans están sufriendo mucho durante este tiempo con el cuestionamiento de sus vidas, de su existencia misma. Cuando Carmen Calvo dice en una tertulia en la Ser que no va a contestar a si Carla Antonelli es una mujer, eso es transfobia y es un cuestionamiento de la existencia misma de las personas trans. Esto es un retroceso enorme. Los colectivos LGTBI y los colectivos de las personas trans llevan mucho tiempo diciendo que hay que acabar en este país con el hecho de que para que una persona pueda decidir sobre su proyecto vital, sobre su propia vida, necesita un informe médico y necesita hormonarse. La autodeterminación y la despatologización es algo que llevan defendiendo desde hace tiempo instituciones a nivel internacional, como la Organización Mundial de la Salud. Es un retroceso para nuestro país que sigamos con una ley que exige la hormonación y que exige un informe médico, que se traduce en una patologización. La Ley Trans es necesaria y tiene que salir adelante sin volver a abrir un debate que hace mucho daño a las personas trans y que alimenta a la extrema derecha. El Partido Socialista tiene que decidir si está con quienes difunden bulos y cuestionan los derechos trans o si está con el avance en igualdad y en derechos para las personas LGTBI. Y hacerlo sin difundir esos bulos que constantemente se difunden por parte de la extrema derecha y que cuestionan nuestro derecho a ser y nuestro derecho a existir.
Las instituciones siguen vulnerando los derechos de estas mujeres, que siguen sin hacer frente a la violencia que viven tanto infancia como mujeres, que las dejan desprotegidas
Creo firmemente que el feminismo en los últimos años y los avances que plantea el feminismo no se entienden sin lo que dice el movimiento LGTBI, sin avanzar hacia una sociedad en la que los roles de género y la heteronormatividad dejen de tener cabida. Avanzar hacia una sociedad en la que las personas podamos decidir que somos independientemente de esa imposición heteropatriarcal que nos limita enormemente, vulnera nuestros derechos y discrimina sobre todo a las personas trans o a las personas LGTBI pero también al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, vamos a seguir avanzando, la Ley Trans va a ser aprobada, y lo va a hacer pronto
¿Cree que finalmente la ley podrá salir adelante tal y como la ha planteado Podemos?
Saldrá aprobada sin retrocesos y sin cuestionamientos de las personas trans, ni de autodeterminación ni de las infancias trans. Es una ley que fue pactada en el Gobierno después de mucho debate y, por tanto, saldrá adelante en este año. Es un compromiso del Gobierno de coalición y estoy segura de que así será.
La ultraderecha está llegando a muchos órganos de poder político, tanto en España como en el resto de Europa, como el caso de Italia. ¿Cómo puede afectar esto a derechos de las mujeres? ¿Hay que temer un retroceso o las conquistas sociales ya se han consolidado?
La ultraderecha tiene como principal objetivo difundir el odio entre las personas, generar desigualdad, generar enfrentamiento, generar desconfianza, generar la guerra del penúltimo contra el último, y lo hace buscando chivos expiatorios.
Es prioritario que, frente a esos discursos de odio, avancemos en políticas públicas para garantizar los derechos del conjunto de la ciudadanía. Y es incomprensible que el Partido Socialista, a día de hoy, siga vetando la Ley de Vivienda, que es un compromiso del Gobierno de coalición, un eje central del ciclo político, de lo que fue el 15M, de lo que es la lucha contra los desahucios. Sin esas movilizaciones no habría Gobierno de coalición y el PSOE tiene que entender que es una prioridad para la ciudadanía de nuestro país garantizar el derecho a la vivienda.
A los fascistas se les para con más derechos, y por tanto necesitamos avanzar en políticas públicas, en garantizar los derechos sociales. Pero, además, lo que estamos viendo es un discurso permanente por parte de la extrema derecha contra el feminismo, porque han identificado el avance de los derechos de las mujeres como su principal enemigo, lo que fomenta una reacción patriarcal desde sus posiciones, que llega a muchísimas personas en nuestro país que compran bulos. Estos fascistas niegan la violencia contra las mujeres y, por tanto, pretenden derogar todas las leyes contra la violencia de género o a favor de los derechos de las mujeres.
Es una barbaridad escuchar a García Gallardo decir que una víctima de violencia machista que dejó a dos niños huérfanos de 2 y 7 años es una privilegiada por ser considerada víctima de violencia machista. Es una barbaridad y, frente a eso, tenemos que hacer todo lo posible por acabar con la extrema derecha en nuestro país, movilizándonos, saliendo a la calle, apoyando y pidiendo más avances del Gobierno de coalición, porque es tremendamente dramático escuchar a la ultraderecha criminalizar a las madres que protegen a sus hijos.
En los últimos años, en este país hemos vivido una criminalización con el caso de Infancia Libre contra madres protectoras. Contra madres que, frente a la violencia machista que el Estado y la justicia siguen sin reconocer y sin actuar contra ella, protegen a sus niños. Y hay un intento permanente por parte de VOX de criminalizar a esas madres diciendo que se aprovechan para tener la custodia de los hijos, que se aprovechan para quedarse con los niños. Cuando lo que sucede es lo contrario, que las instituciones siguen vulnerando los derechos de estas mujeres, que siguen sin hacer frente a la violencia que viven tanto infancia como mujeres, que las dejan desprotegidas. Y sucede que muchos jueces no cumplen con una obligación, y es que ante cualquier indicio de maltrato hay que suspender el régimen de visitas. Hemos visto varios asesinatos en el último año que son efecto, entre otras cosas, de que los jueces no cumplen con algo que es obligatorio que es suspender el régimen de visitas.
Por suerte, a pesar de esa ultraderecha clasista, machista, LGTBiófoba, no solamente hay en nuestro país un Gobierno de coalición que va a seguir avanzando en derechos, sino que en Latinoamérica hay un proceso de avance democrático, popular, hacia la justicia social, feminista, un proceso que se concreta en avances como el Gobierno en Argentina, Colombia, Chile y recientemente el de Lula, que ha sido víctima de lawfare por sacar de la pobreza a millones de personas en Brasil y que ha vuelto a ser presidente para hacer posible ese ciclo de avances en América Latina.
Por tanto, a pesar de esta ultraderecha hay esperanza, y creo que es fundamental tener claro que la solución frente a sus retrocesos pasa por ser más valientes, más ambiciosos en políticas públicas y en avances democráticos.
Nuestro país sigue sufriendo grandes deficiencias en democracia, en instituciones que a día de hoy están enormemente cuestionadas, como el hecho de que sigamos teniendo un jefe del Estado que no se presenta a las elecciones, que haya una justicia que se deslegitima a sí misma sistemáticamente o que haya grandes desigualdades sociales. Tenemos los retos de garantizar los derechos laborales, un sistema público de servicios que garantice una sanidad pública y una educación pública de calidad en todas las comunidades autónomas. Y la solución pasa por seguir avanzando en esas políticas públicas, por avanzar en derechos y por ampliar los avances democráticos que quiere la mayoría de la ciudadanía de nuestro país y que son posibles.
Hay una responsabilidad por parte de las instituciones europeas en cuanto a la respetabilidad y legitimidad que le dan la ultraderecha en gobiernos
¿Qué papel está jugando la derecha más tradicional del PP en el ascenso de la ultraderecha?
El Partido Popular es una condición necesaria en el ascenso de la ultraderecha en los últimos años. En primer lugar, porque la ultraderecha es una escisión, un efecto de la descomposición del propio Partido Popular tras la crisis del 2008, las políticas de austeridad, y tras la corrupción del Partido Popular.
Es también una condición necesaria porque el Partido Popular en los últimos años lo que ha hecho es asumir y copiar el discurso ultraderechista y trumpista de la extrema derecha. La señora Ayuso habla más y mejor a los votantes de Vox que la señora Monasterio en la Asamblea de Madrid. Es el Partido Popular quien ha ayudado enormemente a que emerja a ultraderecha. También Ciudadanos. El derrumbe de Ciudadanos es una consecuencia de ello. Hay que señalar que la ultraderecha y la derecha más reaccionaria en nuestro país no está solamente en el Vox, está en un movimiento político que está en buena parte de los medios de comunicación que escuchan diariamente millones de personas en nuestro país, que está en la justicia, que está en parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado cuando se revuelven con el funcionamiento del Estado profundo, con abusos de poder o con denuncias sin pruebas. Es un movimiento político que tiene una capacidad de quitar dirigentes del Partido Popular como hemos visto en el último tiempo. Lo hicieron con Pablo Casado a favor de la señora Ayuso y lo pueden hacer con el señor Feijóo, que ya ha demostrado nuevamente con la renovación del Consejo General del Poder Judicial que no tiene mando en plaza en el Partido Popular.
Estos discursos parecen estar calando en parte de la población. ¿Cómo se puede luchar contra eso?
Como decía, los discursos de la ultraderecha calan. Funcionan con el señalamiento de chivos expiatorios e intentan aprovecharse de la crisis que estamos viviendo a nivel internacional. Desde 2008 vivimos en una crisis económica, social y política, una crisis del sistema neoliberal que se expresó con la emergencia del 15M y con la irrupción después de Podemos. Pero es una crisis que también es política y acaba con el bipartidismo, pero a día de hoy sigue abierta. La crisis de la justicia, de los medios de comunicación o de la monarquía es una evidencia de ello.
Esa crisis ha dado lugar a grandes desigualdades y a la ultraderecha. En esta crisis se están disputando también las relaciones geopolíticas, y la guerra es una forma de Estados Unidos y de la OTAN de recuperar poder, y es un error enorme que los líderes europeos (no todos, pero incluso el jefe de la diplomacia europea, que es el señor Borrell) sigan apostando por discursos belicistas y no haya una apuesta decidida por la paz.
Pero lo que se está evidenciando es que la ultraderecha y el fascismo, como la señora Meloni, no cuestionan la OTAN ni la guerra, sino que están al servicio de la OTAN y de la estrategia de la Unión Europea. Y quienes no lo cuestionan siguen estando dentro de ese consenso, son aceptables. Sin embargo, cuando Podemos sale a cuestionar la estrategia belicista y el hecho de que no se apueste decididamente por un alto el fuego y por la paz, todos los cañones mediáticos apuntan a Podemos y nos dicen "qué barbaridad, cómo podéis defender la paz", ridiculizando la paz, diciendo que somos infantiles y que no deberíamos de estar en el Gobierno por tener ese discurso.
Hay una crisis que todavía se está reconfigurando y que permite que la Unión Europea favorezca y se apoye en gobiernos de ultraderecha como el de la señora Meloni, que es fascista. Y, por tanto, hay una responsabilidad por parte de las instituciones europeas en cuanto a la respetabilidad y legitimidad que le dan la ultraderecha en gobiernos. Esto es algo enormemente preocupante porque la ultraderecha, ya sea desde los gobiernos o la oposición, está aprovechando esta situación de crisis para generar sus discursos. La ultraderecha trata de hacer electoralismo con esta situación, a pesar de que sus propuestas solo nos llevarían a más desigualdad, más pobreza y más sufrimiento.
Vivimos en una situación que también tiene que ver con la crisis del cambio climático y con la capacidad de enfrentarla en términos de justicia social. La ultraderecha trata de aprovecharse de esta situación generando un discurso de la antipolítica, que tiene por objetivo cuestionar a los políticos y evitar que se hable de las políticas, de los problemas estructurales, para proteger siempre a los poderosos y al poder económico de nuestro país. La ultraderecha está utilizando la situación para cargar también contra las personas más vulnerables, contra las personas migrantes, contra las mujeres víctimas de violencia machista, contra las mujeres víctimas de violencia machista, contra las personas que no tienen acceso a una vivienda digna...
Ayuso se ha aprovechado de la crisis del COVID para seguir recortando en la sanidad pública y seguir destruyéndola
Sin embargo, creo que vamos ganando. El ciclo que se abrió en nuestro país en el año 2011 con el 15M, que posteriormente se convirtió en una irrupción de una fuerza política como Podemos y que dio lugar al fin del bipartidismo y a un Gobierno de coalición -gracias a Podemos y no gracias al Partido Socialista de Sánchez- que está haciendo enormes avances, es el camino a seguir.
Los opinadores de la izquierda, de la progresía mediática, deberían dejar de atacar a Podemos diciendo que no ha funcionado bien. Que miren al conjunto de Europa, que miren la izquierda de Europa, ¿no ha funcionado bien Podemos, que en siete años hemos sido capaces de llegar al Gobierno de coalición, de formarlo y de hacer estos avances? Que dejen de darnos por muertos, porque vamos a seguir avanzando y a seguir haciendo políticas a favor de las mayorías sociales. Y tenemos muy claro que este es el camino: más ambiciosas, más valientes y más transformaciones sociales.
Usted ha participado en la política madrileña. ¿Cómo valora lo que ha ocurrido en los últimos días con la Sanidad en la comunidad?
Ayuso tiene como plan destruir la sanidad pública. Lo tenía Esperanza Aguirre y lo tiene la señora Ayuso. Es la estrategia de siempre: destruir la sanidad pública, decir que funciona mal, que el conjunto de los ciudadanos vea que funciona mal y después favorecer la privada, para que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid accedan a un seguro privado de fondos buitre, que son los que controlan y se han hecho con nuestra sanidad pública.
Es una estrategia para destruir la pública a favor de la privada. Si por el camino generamos sufrimiento y una vulneración de derechos, como el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, qué más da, si el objetivo es seguir hinchando los bolsillos de quienes hacen negocio con el derecho a la salud.
Ayuso se ha aprovechado de la crisis del COVID para seguir recortando en la sanidad pública y seguir destruyéndola. Frente a eso hay posibilidades de evitarlo, de proteger lo mejor que tenemos, que es nuestra sanidad pública, y eso pasa por salir a la calle. Este domingo 13 de noviembre hay una movilización en Madrid que va a juntar no solamente a los profesionales de la sanidad pública, sino a muchísima ciudadanía, que está viendo cómo se destruye la sanidad. Incluso gente que votó a Ayuso y que está viendo cómo pone en riesgo nuestras vidas. Y, del mismo modo que las movilizaciones a favor de la sanidad pública echaron al señor Fernández Lasquetty del Gobierno, pueden echar a la señora Ayuso del gobierno.
Estoy convencida de que la ciudadanía puede volver a dar una lección en nuestro país. Siempre la ha dado. Y esta vez es posible: para echar a Ayuso, para acabar con sus recortes y con sus políticas contra la vida, es necesario movilizar a todo el mundo. Es necesario que cada ciudadano asuma su responsabilidad y su implicación en la política para avanzar.
