El Gobierno de Cantabria (PP) ha denunciado que la fiscalidad y la "inestabilidad regulatoria" del Ejecutivo de Pedro Sánchez están "poniendo en peligro" la viabilidad de inversiones estratégicas para la comunidad como la ampliación de la central de bombeo de Aguayo, proyecto impulsado por Repsol con más de 600 millones de euros de presupuesto.
Así lo ha dicho el consejero cántabro de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, después de que Repsol amenazara ayer con sacar sus proyectos industriales de España por la intención de PSOE y Sumar de hacer permanente el impuesto a las energéticas.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, dijo que este gravamen "podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", al considerar que "castiga" a las compañías que invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética, además de que "favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España".
Al hilo, el consejero cántabro ha destacado hoy que el proyecto de Repsol para la ampliación de la central de Aguayo no solo es clave para la comunidad autónoma, sino que se trata de una infraestructura "crucial" para los objetivos de descarbonización. Incluso la Comisión Europea lo considera estratégico y ha propuesto su inclusión en la lista de Proyectos Europeos de Interés Común (PCI), con las "importantes ventajas" que ello conlleva en términos de acceso a financiación europea, ha enfatizado.
Conocido como 'Aguayo II', el proyecto tiene un presupuesto cercano a los 636 millones de euros, con lo que Arasti ha subrayado que "estamos hablando de la mayor inversión de la historia de Cantabria". Su objetivo es incrementar en 1 gigavatio (GW) la capacidad instalada de la actual central de bombeo y elevarla hasta un total de 1,4 GW, convirtiéndose en la segunda más grande de España de sus características.
El consejero ha destacado que la ampliación de la central de Aguayo fomentará el desarrollo industrial y el empleo en la región, con puntas de un millar de personas en las obras, y será "un revulsivo extraordinario" para la economía de Cantabria, por lo que ha reclamado al Gobierno de España que "no ponga en riesgo su viabilidad con decisiones regulatorias que crean inseguridad y falta de estabilidad".
Arasti ha insistido en que este proyecto "corre un serio peligro" si llegara a consumarse el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar por el que se mantendría el impuesto extraordinario a las energéticas, que inicialmente se puso en marcha para un marco temporal de dos años.
