El juzgado de primera instancia nº 6 de Santander tiene programado un nuevo lanzamiento para el próximo 28 de marzo en Peñacastillo. En este caso, el desahucio va dirigido contra una familia monoparental de tres miembros: María Concepción y sus dos hijos, de cinco y 14 años. María Concepción tiene 34 años, trabaja a media jornada en una panadería y "malvive" con unos ingresos de 550 euros al mes. Si las plataformas anti-desahucios no lo remedian, el próximo 28 de marzo esta mujer y sus dos hijos menores terminarán en la calle.
Así lo ha informado Stop Desahucios en un comunicado, en el que explica que María Concepción y su ex-marido adquirieron una vivienda de protección oficial en 2009, construida por la promotora Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS, entidad cuyo titular es el Ayto. De Santander), gracias a un préstamo de Liberbank. Pocos años después empezaron a tener problemas económicos y dejaron de pagar el crédito. Liberbank inició ejecución hipotecaria que culminó con una Dación en Pago (entrega de la vivienda a cambio de finiquitar la deuda) y alquiler social en 2019, gracias probablemente a la renuncia de SVS al derecho de tanteo y retracto. El contrato de alquiler, de 157 euros mensuales, fue formalizado con Beyos y Ponga, entidad instrumental de Liberbank. Actualmente, es el fondo Mosacata S.L.U. el titular de la vivienda y quien ha demandado a la familia. De hecho, informan desde la plataforma, que en 2020 Beyos y Ponga se fusionó con Mosacata, cuyo único accionista es Liberbank, ahora Unicaja Banco.
La demanda se presentó en 2021 y en septiembre de 2021 se suspendió el lanzamiento durante únicamente tres meses, como consecuencia del informe de Servicios Sociales del Ayuntamiento donde se indicaba la vulnerabilidad de la familia. Según fuentes de la plataforma Stop-Desahucios, que asesora a la afectada, esta suspensión se hizo aplicando un real decreto (el Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler) que, aunque sigue vigente, se encuentra desfasado ya que prevalece otra norma posterior que se aprobó por causa de la pandemia y que protege mucho mejor a las familias afectadas por desahucios. Se trata del Real Decreto-Ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su última reforma amplió las suspensiones hasta septiembre de 2022 para familias vulnerables, a la espera de la aprobación de la futura ley estatal de vivienda.
Además de lo dicho, la plataforma Stop-Desahucios ha detectado más irregularidades. El principal es la ausencia de abogado y procurador en un procedimiento donde es preceptiva su presencia. Más si cabe, cuando estamos hablando de una familia en clara situación de vulnerabilidad. O la negativa del juzgado a entregar copia de autos a la afectada, a pesar de que la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil son taxativas en ese aspecto.
“María Concepción no tiene conocimientos de leyes y no la informaron en el juzgado sobre su derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita. Como así ha solicitado posteriormente. Pero lo que sí hizo fue cumplir lo que decían los diferentes requerimientos judiciales, al remitir a Haya State, que es la empresa que gestiona los arrendamientos de los pisos de Mosacata, todos los recibos pagados. De hecho, desde hace tiempo, la familia afectada no debe un solo recibo de alquiler. Y, sin embargo, el fondo buitre no ha retirado la demanda, como sería lo lógico”, sentencia Stop Desahucios.
Como consecuencia, la plataforma asegura que María Concepción se encuentra en tratamiento psicológico desde hace años por depresión crónica y trastorno de ansiedad. Desde la plataforma esperan que todo esto no deteriore aún más su salud y confían en que no sea necesario movilizar a la ciudadanía para parar el desahucio.
