La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, han rubricado el acuerdo definitivo que articula el reparto de las obligaciones entre el Gobierno y el Ayuntamiento para cumplir sentencias judiciales que obligan a derribar 214 viviendas construidas ilegalmente en el Alto del Cuco.
El plazo de ejecución del derribo será de seis meses y el coste de esta actuación, que también implica la regeneración ambiental de la zona, dónde se había proyectado un total de 400 casas, será de 3,7 millones de euros. Según ha destacado Díaz Tezanos, este paso constituye "una muestra más" del compromiso del Gobierno regional, que mantiene el "calendario previsto" proyectado desde un inicio para los derribos, que comenzarán en los primeros días de agosto.
Díaz Tezanos ha enfatizado que el Gobierno de Cantabria "cumple escrupulosamente las sentencias de los tribunales de justicia", y de ahí, los pasos dados en los últimos días que permitirán acometer la demolición de las edificaciones y urbanizaciones existentes en El Alto del Cuco.
El Consejo de Gobierno aprobó, el pasado mes de mayo, el gasto plurianual para consignar el montante necesario para abordar las obras de demolición
El Consejo de Gobierno aprobó, el pasado mes de mayo, el gasto plurianual para consignar el montante necesario para abordar las obras de demolición.
Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Piélagos autorizó el pasado martes 19 la firma del convenio con el Gobierno y aprobó el presupuesto de 2016 que consigna una partida para este fin.
El convenio estipula que la cuantía de 3,7 millones será adelantada por el Gobierno de Cantabria al Ayuntamiento, y después la Administración Local devolverá este montante en un plazo de 10 años, a razón de un 10% anual, según el acuerdo que firmaron las dos administraciones en octubre de 2013. El reintegro del anticipo empezará este mismo año y partir del próximo se irán incrementando las cantidades pendientes con un interés del 1% anual.
En El Cuco había proyectados distintos tipos de viviendas, unifamiliares y en bloques, en total unas 400, todas ellas declaradas ilegales, de las que se llegaron a construir 214.
En El Cuco había proyectados distintos tipos de viviendas, unifamiliares y en bloques, en total unas 400, todas ellas declaradas ilegales, de las que se llegaron a construir 214. La demolición supondrá más de un millón de euros, a los que hay que añadir los 2,7 millones previstos para regenerar y restaurar el monte sobre el que se levantaron las viviendas ilegales.
Encomienda a Tragsa
En este sentido, el Ejecutivo regional ha dado este jueves otro paso más al aprobar en Consejo de Gobierno la encomienda a Tragsa de las obras de demolición de las 214 viviendas con sentencia de derribo en el Alto del Cuco con un coste de 1.029.128 euros y un plazo de ejecución de seis meses.
Tras los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Piélagos, esta decisión ultima el procedimiento para iniciar los trabajos de demolición a principios del próximo mes de agosto.
El Partido Popular se felicita por la decisión
Por su parte, el PP de Cantabria se ha felicitado de que el actual Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) esté, a su juicio, aplicando el plan de derribos de viviendas con sentencia de demolición elaborado por el anterior, dirigido por el 'popular' Ignacio Diego; ha pedido que el establecido para las viviendas del Alto del Cuco (Piélagos) "se ejecute en los plazos y condiciones ya establecidos" y ha llamado al Ejecutivo regional Ayuntamiento a extender la fórmula empleada en este caso concreto al resto de ayuntamientos afectados.
Así lo ha reclamado el portavoz de Urbanismo del PP, José Manuel Igual, un día después de que la vicepresidenta del Gobierno autonómico y consejera con competencias en materia de urbanismo, la socialista Eva Díaz Tezanos, anunciase que las viviendas del Alto del Cuco se derribarán "a finales de julio o principios de agosto".
"Además del drama humano de los afectados pone en jaque las arcas municipales"
El portavoz de Urbanismo del PP y alcalde de Arnuero ha hecho un llamamiento al Gobierno a continuar con en esta línea de trabajo, extendiendo lo que se va a hacer con el Alto del Cuco a otros ayuntamientos a la vista de que el del Cuco "no es el único caso", según Igual, en el que un ayuntamiento se encuentra con este problema que --señala-- "además del drama humano de los afectados pone en jaque las arcas municipales".
"Creemos que el Gobierno de Cantabria debe seguir por esta línea y ofrecer estas soluciones a otros ayuntamientos que necesiten la colaboración de la administración, aplicando pues las mismas soluciones. En aquellos en los que los ayuntamientos no puedan hacer frente a los derribos, el Gobierno se debe poner a su disposición, como se ha hecho en Piélagos, y facilitar la financiación a la administración local", ha reclamado.
Igual ha mostrado su "convencimiento" de que el Gobierno de Cantabria seguirá este camino puesto que, a su juicio, "es un tema en el que ganan todas las partes: los afectados por los derribos, y los ayuntamientos, y la Administración de Justicia, porque --subraya-- "la ley hay que cumplirla".
El portavoz 'popular' ha mostrado su "satisfacción" y considerado un "acierto" que el Gobierno de Cantabria esté aplicando, según el 'popular', el plan de derribos diseñado por el anterior Gobierno del PP. que, según señala, "incide" en "cuatro pilares": ejecución de las sentencias, la restauración ambiental, compensación a los afectados y colaboración con los ayuntamientos.
"Al césar lo que es del césar, en este caso no podemos menos que felicitar al Gobierno de Cantabria por dar continuidad al proceso iniciado la pasada legislatura", ha subrayado
"Al césar lo que es del césar, en este caso no podemos menos que felicitar al Gobierno de Cantabria por dar continuidad al proceso iniciado la pasada legislatura", ha subrayado.
Igual considera que en esta ocasión "se ha actuado con sentido común" al mantener un plan que, a su juicio, es "bueno, beneficia a todos y sobre todo permite solventar una situación que necesita soluciones inmediatas".
"Si en otras ocasiones se ha aplicado por parte del Gobierno una política de 'tierra quemada' eliminando de un plumazo programas o iniciativas del anterior ejecutivo autonómico, en esta ocasión se ha actuado con sentido común", ha opinado.
