A mediados del mes de julio se hacía público que un guardia civil había utilizado su placa para no pagar en un club de alterne, algo que finalmente no fue ni siquiera sancionado por el cuerpo de seguridad. Unos días después, la Unión de Oficiales (UO) anunció “acciones legales para exigir responsabilidades” a un agente por un “supuesto delito de extorsión", y al Coronel Jefe de Cantabria, a la Delegada de Gobierno de Cantabria y al Mando de Operaciones de la Guardia Civil por otro “supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos”. La denuncia, sin embargo, fue archivada provisionalmente por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander. Sin embargo, ahora la propia Justicia reabre el caso por lo que ha calificado como un “error”.
Según publica el medio The Objective, el archivo de la causa se produjo porque el juez entendió que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito”, por lo que ni siquiera practicó diligencias sobre estos hechos denunciados por la UO. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) asegura que el caso debería haber recaído en el Juzgado número 5. Una “confusión” que ya habría sido solventada asignando los hechos al tribunal competente y, por lo tanto, reabriendo la causa al no tener validez el archivo que realizó el Juzgado número 1.
En este sentido, diferentes medios apuntan que la jueza titular ya habría pedido a la Comandancia de la Guardia Civil en Cantabria una “copia del expediente o expedientes iniciados” con motivo de los hechos denunciados, algo que deberán remitir en un plazo de 10 días.
