martes. 19.03.2024

Gema Álvarez tiene 53 años, vive en Santander y es funcionaria de Justicia, aunque ahora está de baja por un cáncer. “Me lo detectaron hace algo más de dos meses y en el último mes me han operado dos veces, una cirugía bastante agresiva…”, dice desde el otro lado del teléfono. La semana pasada salió de la Clínica Mompía y hoy, desesperada y sin saber dónde acudir, ha telefoneado a la Redacción de eldiariocantabria para contar que tiene un hijo de ocho años con autismo (dependencia de grado 3) y que –divorciada y con su exmarido y padre del niño viviendo y trabajando en Logroño– no tiene más familia que su madre de 84 años y ese hijo al que la próxima semana no tiene “quién atienda por las mañanas” porque “los Servicios Sociales no existen”.

“Si estuviera en condiciones normales me apañaría como todo el mundo, pero creo que mi situación personal y la de mi hijo son lo suficientemente graves como para que se nos atienda”

Su hijo acude al Colegio Público de Educación Especial Parayas –en Maliaño (Camargo)–, pero la próxima semana es semana blanca, una de esas semanas de vacaciones que todos los escolares cántabros, discapacitados o no, tienen cada dos meses de clase. “Para atenderlo por las tardes pago de mi bolsillo a una mujer, pero mi sueldo de funcionaria no llega para pagarla para que lo atienda también por las mañanas”, explica. “¿Qué hago yo la próxima semana semana si no lo atienden en el colegio, como en el Veranuco y el Inviernuco, o en una de las ludotecas de la red municipal?”, se pregunta. En el Veranuco y el Inviernuco –programas de conciliación de la vida laboral y familiar del Ayuntamiento de Santander para las vacaciones escolares de verano y Navidad– “lo atienden y estoy contenta”, pero en las semanas blancas no. “Y en Semana Santa a ver qué pasa también”, avanza Gema. “Si estuviera en condiciones normales me apañaría como todo el mundo, pero creo que mi situación personal y la de mi hijo son lo suficientemente graves como para que se nos atienda”, asegura, y destaca que paga sus “impuestos”, no está “pidiendo caridad”.

“Llevo llamando por teléfono desde el lunes, estamos a miércoles, la próxima semana está ahí y nadie me dice adónde tengo que dirigirme”, se queja. “No sabía a quién llamar y primero llamé a la Consejería de Educación”, donde le atendieron “dos o tres personas muy amables pero que no tenían ni idea y me dieron teléfonos del Ayuntamiento de Santander”. En cuanto al Ayuntamiento de Santander, “en Familia y Menores me dieron el del ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales), donde primero no cogieron el teléfono y después por una extensión interna me pusieron con alguien muy amable pero que no me solucionó nada”, y “en Servicios Sociales me dijeron no te preocupes, que ya te llamaremos, pero nadie me ha llamado”. En resumen, “que este no es el Negociado al que hay que acudir, que ese tampoco, que el otro tampoco…”. “¿Para qué hay tanto Negociado y tanta gaita? Los Servicios Sociales no existen”, clama Gema. “Tengo cien mil teléfonos, me han tratado bien, todo el mundo ha sido muy amable pero yo sigo igual”, continúa, y asegura que “en esos negociados hay mucha gente trabajando pero para qué, ¿para qué quieren tanta gente si no saben actuar ante estas situaciones tan concretas y tan graves? Para Servicios Sociales hace falta alguien especializado…”. “Los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y los del Ayuntamiento de Santander no están conectados y no se sabe quién es el responsable de estas situaciones, si el Gobierno o el Ayuntamiento; en la Administración Pública hay departamentos que no están organizados entre sí, te derivan de uno a otro, no hay ningún protocolo de actuación y no saben contestar a ninguna pregunta en concreto: me mandaban de uno a otro y yo cada vez más nerviosa y más agotada porque no tengo gripe, tengo algo más…”, apunta con la voz quebrada.

“¿Los ciudadanos estamos desprotegidos? Yo por lo menos sí, y hacia los menores discapacitados hay una desprotección total”

“Tengo cáncer y no estoy para presentar papeles aunque si tengo que presentarlos los presento, pero necesito que me digan dónde, porque ni siquiera sé dónde”, continúa, y destaca que “se supone que hay plazas para discapacitados” y que la discapacidad de su hijo es “de grado 3”, es decir que “no es algo superficial”. “¿Los ciudadanos estamos desprotegidos? Yo por lo menos sí, y hacia los menores discapacitados hay una desprotección total”, denuncia. “Estoy harta y me da igual todo, no sé si poner una demanda en los juzgados –que estoy segura de que me darían la razón, aunque de aquí a que la resolvieran…– o encadenarme en el Ayuntamiento con el niño; es demencial, es surrealista, sólo quiero que se atienda a mi hijo…”.

La llamada de ayer ha surtido efecto hoy: “Llama rápido al periodista y dile que ya se te ha solucionado”.

La llamada desesperada de una funcionaria con cáncer, sin apenas familia y un hijo...
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