Sábado 20.10.2018
ENTREVISTA

“Nuestro caso es un paradigma de los montajes que amenazan con destrozar vidas inocentes”

Diegu San Gabriel y otros seis jóvenes cántabros serán juzgados el próximo 25 de octubre por una protesta en defensa de la Educación pública realizada en Santander hace casi cuatro años. La Fiscalía llegó a pedir para ellos un total de 42 años de cárcel, pero los jóvenes aportaron diversos vídeos que desmontaron la versión oficial. Aun así, todavía se enfrentan a una petición total de 35.000 euros en multas e indemnizaciones, y San Gabriel se enfrenta además a una petición de un año de cárcel que podría inhabilitarle para su empleo público de profesor de Geografía e Historia.

Diegu San Gabriel, durante la entrevista | edc
Diegu San Gabriel, durante la entrevista | edc

Diegu San Gabriel (Santander, 1985) y otros seis jóvenes cántabros serán juzgados el próximo 25 de octubre por una protesta en defensa de la Educación pública realizada en Santander hace casi cuatro años. La Fiscalía llegó a pedir para ellos un total de 42 años de cárcel, pero los jóvenes aportaron diversos vídeos que desmontaron la versión oficial. Aun así, todavía se enfrentan a una petición total de 35.000 euros en multas e indemnizaciones, y San Gabriel se enfrenta además a una petición de un año de cárcel que podría inhabilitarle para su empleo público de profesor de Geografía e Historia. Es consciente de que los jóvenes, agrupados desde entonces en torno a la iniciativa Preguntar No Es Delito, se juegan “mucho” en este caso, pero advierte de que “también se juega mucho la sociedad cántabra”, pues “si ellos han tratado de poner en marcha una represión ejemplarizante, tenemos que ser capaces de convertir este caso, por su excepcionalidad gráfica, en un punto de inflexión para dificultar que otros jóvenes en el futuro vean amenazadas sus vidas por oscuros intereses”.

Los hechos que se juzgan el próximo día 25 se produjeron en febrero de 2014, en un contexto muy concreto...

Con la excusa de la crisis, el Gobierno de Ignacio Diego, del PP, estaba haciendo gravísimos recortes en la Educación pública –31 millones de euros sólo en la Universidad de Cantabria…–, mientras concertaba centros del Opus –el consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, era supernumerario– y favorecía la implantación en nuestra tierra de la privada Universidad Europea del Atlántico. La Educación pública es una herramienta fundamental para que las y los hijos de la clase trabajadora tengan la oportunidad de formarse, y estaba habiendo grandes movilizaciones de la comunidad educativa, profesorado, alumnado, padres y madres, en su defensa.

¿Por qué no les permitieron acceder a aquel acto?

“Como si la universidad pública fuera un pub privado, apostaron guardias de seguridad que sesgaban asistentes”

El acto ‘Tengo una pregunta para usted’, que se anunciaba como “de libre acceso” y una “oportunidad para plantearle dudas e inquietudes” al presidente autonómico, tenía una clara intención propagandística en aquel contexto de amplia contestación social. Pero como si la universidad pública fuera un pub privado, apostaron guardias de seguridad en los accesos al edificio, que sesgaban asistentes según iba indicándoles el presidente del Consejo de Estudiantes –Carlos Fernández, número dos de la lista de Ciudadanos al Senado– que pudiéramos plantear preguntas incómodas o no. Para colmo, a la salida del acto, los escoltas del presidente autonómico, contraviniendo su cometido, agredieron sin venir a cuento a dos chavales. Con las radios aquella tarde hablando de un evento exclusivo en una sala semivacía con más gente fuera que dentro, de censura y agresiones a estudiantes, pusieron a funcionar su maquinaria mediática y judicial para tratar de darle la vuelta a la realidad. Al día siguiente, el consejero Serna nos criminalizaba, con una retórica que sonará, cuando pedía a todas las fuerzas políticas que “condenaran la violencia de los estudiantes”, describiéndonos poco menos que como una turba con antorchas y dalles que fue al acto con actitud de agredir.

¿Cree que ha habido una especie de ensañamiento con ustedes?

Eso nos dicen, que nos ha tocado sufrir una represión absolutamente desproporcionada en un contexto de crisis y movilización social, que sirviera para atemorizar a nuestro pueblo. También ha podido haber una intención de descabezar los movimientos sociales. Al fin y al cabo, sin entrar al acto nos quedamos un montón de personas que hicimos básicamente lo mismo: nada, pero parece que ha habido una selección premeditada de los imputados. Prueba de ello es que el propio expresidente, en su declaración como aforado, me señalara “liderando” un “grupo” al que ni siquiera pertenecía.

En este sentido, ustedes han calificado este caso de “montaje lleno de irregularidades”.

“Describían aquello como un rescate en helicóptero de la selva vietnamita, como si estuviéramos concertados para actuar violentamente”

Desde el inicio de las diligencias hasta la notificación de la fecha del juicio, hemos ido conociendo todos los pasos por determinada prensa y no por notificaciones formales del Juzgado. Cuando conocimos las declaraciones de la escolta, el jefe de gabinete, el chófer y el propio presidente, no dábamos crédito. Describían aquello como un rescate en helicóptero de la selva vietnamita, como si estuviéramos concertados para actuar violentamente, con “intentos de agresión a la autoridad en todo momento”, personas subidas al coche tapando la visión y dando patadas, pánico agarrando la puerta y gritando “tira que nos matan”… A partir de unas fotografías muy bien elegidas, de estas versiones a las que se atribuye ‘presunción de veracidad’ y de unas facturas injustificables sin peritar siquiera, y pese a que los periodistas llamados a testificar daban una versión completamente distinta, el juez nos imputaba delitos que en mi caso alcanzaban los 12 años de prisión, sumando 42 entre los nueve acusados. Tan sólo dos vídeos grabados espontáneamente y aparecidos después, uno ‘in situ’ y otro panorámico desde la propia oficina del CEUC [Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria], han permitido contrastar la versión oficial con las imágenes de lo ocurrido. La disparidad total –probablemente, sin ellos no estaría ahora en libertad concediendo esta entrevista– ha convertido el caso en un paradigma de los montajes arbitrarios que amenazan con destrozar vidas inocentes.

También han recibido ustedes numerosos apoyos. ¿Se han sentido y se sienten arropados por la sociedad cántabra?

Ha sido sin duda lo mejor de todo esto, inolvidable. Cómo nos acompañó tanta gente en la rueda de prensa desde el momento en que conocimos la acusación que pesaba sobre nosotros, el apoyo de los colectivos de estudiantes, del STEC [Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria], de la FAPA [Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos], de tantos movimientos sociales… Hicimos una campaña simbólica de autoinculpaciones preguntando a Ignacio Diego, fiestas y conciertos solidarios para recaudar dinero, proyecciones públicas de los vídeos que contrastan con la versión oficial, fuimos invitados a participar con nuestra pancarta en la cabecera de las manifestaciones educativas y del 1º de Mayo… y los estudiantes, conscientes de que le podía haber tocado a cualquiera, nos apoyaron en un parón educativo precioso en febrero para debatir sobre Educación y Libertades, y tienen convocada una huelga el día del juicio. Además, han redactado un manifiesto que ha recogido cientos de firmas en pocos días. Es verdaderamente emocionante la respuesta de nuestro pueblo, respondiendo muy bien a todo lo que hemos requerido a lo largo de un proceso muy largo; te hace sentir querido y protegido, pese a todo.

Se enfrentan a una petición de casi 35.000 euros en multas e indemnizaciones.

“La represión económica no es tan impactante como los encarcelamientos, pero también arruina vidas”

Sí, y de hecho ya tuve que adelantar una cantidad importante como fianza. La represión económica tiene una visibilidad distinta, no es tan impactante como los encarcelamientos, pero también arruina vidas. El Régimen, consciente de esto, está agudizándola. Los abogados nos dicen que si los hechos hubieran ocurrido poco después y pudieran aplicarnos la Ley Mordaza, nos habrían impuesto una multa administrativa enorme, con menor margen de defensa y teniendo que asumir los costes del recurso.

¿Cómo se encuentran sus compañeros y usted, que se enfrenta además a una petición de un año de cárcel?

Sinceramente, hemos llegado agotados al juicio. Van a ser casi cuatro años luchando denodadamente contra fuerzas muy poderosas, y en un sistema mediático-judicial que no es neutro, para mostrar la verdad a la sociedad. No es agradable quedar expuestos mediáticamente, con datos personales, vinculado a acciones en las que no te reconoces. Las personas que te conocen saben perfectamente que no intentarías agredir ni te pondrías a dar patadas a los coches ni descalificarías aludiendo a familiares como nos han atribuido públicamente, pero es normal, especialmente antes de aparecer los vídeos, que los desconocidos te prejuzguen. Además, las consecuencias de sufrir un proceso represivo así rebasan con mucho lo individual; atañen también a compañeros, familiares y amigos, a toda la gente que te quiere. Personalmente, sufro más la afectación a mis padres que propiamente a mí, aun teniendo todavía la amenaza de una condena penal de cárcel, que podría suponerme un problema de inhabilitación en mi empleo público de profesor de Geografía e Historia, el trabajo con el que me siento afortunado y realizado. Por eso soy consciente de que en este caso nos jugamos mucho nosotros, pero también se juega mucho la sociedad cántabra. Si ellos han tratado de poner en marcha una represión ejemplarizante, tenemos que ser capaces de convertir este caso, por su excepcionalidad gráfica, en un punto de inflexión para dificultar que otros jóvenes en el futuro vean amenazadas sus vidas por oscuros intereses. Y debería servir para abrir un debate profundo sobre el funcionamiento del sistema judicial.

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