Cantabria contará "en el primer trimestre de 2024" con su primera Cámara Gesell, que se ubicará en el complejo judicial de Las Salesas, y podría contar posteriormente con una segunda en Torrelavega.
De esta manera, Cantabria dejará de ser la única comunidad autónoma en la que no existe esta dotación, que consiste en una habitación condicionada para permitir la observación de personas y que consta de dos espacios divididos por un espejo -en el que solo se puede ver por una de sus caras- y que suelen estar comunicados con equipos de audio y vídeo que permiten la grabación de lo que sucede dentro de la sala.
La instalación de esta primera Cámara Gesell ha sido anunciada este martes por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de área para informar de los proyectos que su departamento pretende llevar a cabo en esta legislatura.
Urrutia ha recordado que la fiscal superior de Cantabria, María Pilar Jiménez, afeó recientemente durante el acto de apertura del año judicial el hecho de que la comunidad no cuente con esta sala y también que existe una sentencia reprobatoria de la Audiencia Provincial de comienzos de año por la absolución de un imputado al faltar este recurso. Ha asegurado que, a su llegada, "no había nada" hecho dirigido a poder instalar esta cámara. "No hay nada comprado ni hecho", ha lamentado.
PACTO POR LA JUSTICIA Y OTROS ANUNCIOS
También en su comparecencia, la consejera ha anunciado la intención de aprobar el Pacto por la Justicia de Cantabria, para el que se va a poner en marcha un grupo de trabajo en el que estén todos los colectivos que prestan servicio en la Administración de Justicia (jueces/magistrados; letrados; fiscales; sindicatos; abogados; procuradores; médicos forenses) para trabajar para que esta sea "moderna", cuente con mejores medios, sedes dignas y accesibles y se logre una mayor agilidad y sea más cercana.
Según ha explicado, se abordarán todas las necesidades de la Administración de Justicia y se intentarán revertir la "difícil situación" que atraviesa, sobre todo tras las tres huelgas que ha padecido este año (de letrados; funcionarios y jueces y fiscales) con un Gobierno de España -ha dicho- que "lejos de solucionar el problema de raíz le ha hecho crecer al infinito" sin saber aún "hasta dónde va a llegar".
Además, se ha marcado como objetivo de legislatura poner en marcha la oficina fiscal, que es "la urgente", y también la judicial. En este sentido, ha explicado que la propia fiscal superior le ha pedido esperar un poco un inicio ver qué ocurre con la conformación del nuevo Gobierno de España y con el arranque de la legislatura.
La idea es, en cuanto se produzcan las modificaciones legales pendientes en el Congreso de los Diputados de eficiencia en la Justicia, aprobar la oficina fiscal, aunque ha dejado abierta la posibilidad a que ni siquiera se espere a ello. También se apoyará desde el Gobierno regional las peticiones al Ministerio de Justicia de creación de nuevos órganos que permitan aligerar la carga de trabajo de los existentes y la agilización en la resolución de los procedimientos judiciales, incluyen do la ubicación del Juzgado de Instancia número 13 de Santander, que es el último órgano aprobado y del que -ha dicho- a su llegada no se ha encontrado ninguna actuación para encontrarle ubicación.
Además, ha aludido a los problemas de espacio en las sedes judiciales de Santander y Laredo y ha vuelto a referirse al hecho, ya anunciado, de que el Gobierno haya desechado que el actual convento de las Clarisas sea sede judicial. Así, se trabaja en la búsqueda de una nueva sede para órganos jurisdiccionales y también para solventar el problema del Instituto de Medicina Legal.
