El Parlamento de Cantabria aprobaba el pasado lunes recuperar el Consejo Económico y Social (CES) que fue suprimido por el PP en 2012, 20 años después de haber sido creado. Durante el debate se defendió la necesidad de recuperar un órgano que permita sentar las bases de futuros acuerdos políticos que trasciendan al Gobierno, para lo que se ha propuesto que no solo estén representados los partidos políticos, sino también representantes sociales y de diversos sectores de producción. Lo que no se contempló en el debate es qué ocurrirá con los trabajadores que tenía este organismo cuando fue suprimido.
Según ha podido saber eldiariocantabria.es, cuando el ‘popular’ Ignacio Diego decidió dar carpetazo al CES había en nómina dos trabajadoras. Una de ellas se quedó sin trabajo mientras hacía frente al cuidado de cinco hijos.
Sin embargo, el despido no contemplaba conservar la plaza, por lo que ante la realidad de que el CES vuelva a funcionar de nuevo se plantea la cuestión de cómo se gestionará el personal de este organismo. Cuando el CES fue disuelto, una de las empleadas públicas tenía 15 años de antigüedad, mientras que la otra llevaba trabajando en el organismo 12 años.
Lo cierto es que la decisión de Diego en 2012 tampoco arroja demasiada luz sobre esto. En el Boletín Oficial de Cantabria del 1 de junio de aquel año, en una edición extraordinaria, tan solo se detalla que se suprime el Consejo Económico y Social y que sus bienes “se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma, produciéndose la afectación y adscripción de los mismos”. En ningún caso se menciona a los trabajadores, ni siquiera aquel que es funcionario público. Cabe señalar que en este BOC, en el que se recoge la Ley de Cantabria 2/2012, también se detalla la supresión del Consejo de la Mujer y del Consejo de la Juventud.
Por otro lado, no hay que olvidar que la decisión del expresidente de Cantabria llega en un momento muy concreto. El CES llevaba funcionando durante 20 años y es una figura que tanto entonces como ahora mismo existe en otras comunidades autónomas, e incluso a nivel nacional. Casualidad o no, en esa época se cerraron otros CES autonómicos, siendo el primero de ellos el de Castilla-La Mancha bajo el mandato de la 'popular' Dolores de Cospedal.
Situación sobrevenida
Igualmente, la carta de despido que se entregó a las trabajadoras no aclara demasiados aspectos. En uno de esos documentos, a los que ha tenido acceso este diario, se especifica que dado que el organismo desaparece “el próximo día 30 de junio de 2012”, a partir del día siguiente queda extinguido su contrato.
“No siendo culpa suya tal extinción, tiene derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio”, afirma la carta, en la que se traslada también el “agradecimiento del Pleno del Consejo” y se reconoce el “excelente desempeño de sus tareas”, así como el “apoyo en el desarrollo de las funciones” del CES. Asimismo, se lamenta la “situación sobrevenida, ajena absolutamente a la voluntad del CES”.
Los trabajadores tampoco hicieron acto de presencia en el debate parlamentario entre los partidos políticos. Puede parecer comprensible dado que lo que se propuso y se aprobó fue la idea de recuperar el organismo, y que los detalles posteriores se definirán en sucesivas sesiones.
Con todo, el PP sí quiso entrar en el detalle para defender su decisión de suprimir el CES, asegurando que le costaba a las arcas públicas 568.000 euros anuales. De ellos, una parte se destinaba al personal del que no se acordó en la defensa de su postura contraria a la aprobación de la iniciativa de Podemos.
