El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria, STEC, rechaza "tajantemente desviar recursos públicos a enseñanzas privadas postobligatorias" y advierte que "alterar los actuales equilibrios" con una decisión de este tipo "sería una irresponsabilidad de consecuencias imprevisibles, ya que desencadenaría una guerra escolar".
STEC se ha dirigido por escrito a los grupos parlamentarios Regionalista, Socialista y Popular solicitándoles que voten en contra de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por la diputada de Vox, Leticia Rodríguez, que este lunes se debate en el Parlamento, en la que se insta al Gobierno de Cantabria a concertar enseñanzas postobligatorias (Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior) y a la creación de un cheque escolar para todas las familias, y, en su defecto, un sistema de becas que asuma el coste del Bachillerato y la FP de Grado Superior que se imparte actualmente en los centros privados de Cantabria.
STEC advierte que "los equilibrios entre la enseñanza pública y la privada son una cuestión extremadamente sensible"
Según ha explicado STEC en un comunicado, en el escrito dirigido a los grupos parlamentarios les indica que la concertación de etapas no obligatorias del sistema educativo es una decisión "puramente política", ya que no existe precepto legal que obligue a las administraciones educativas a sostener económicamente estos estudios (mediante conciertos, becas u otros sistemas) en centros de titularidad privada.
Según el sindicato, la PNL solamente sustenta la concertación de las enseñanzas posobligatorias en evitar que alumnado que ha cursado la ESO en un concertado tenga que cambiar de centro por no poder hacer frente al montante económico que supone seguir estos estudios en un centro privado. Aduce Vox una supuesta ruptura de la continuidad pedagógica, que STEC asegura que "está garantizada en Cantabria, con independencia del cambio de centro". "Cambiar de centro, porque se cambia de etapa educativa, no implica un problema pedagógico", ha subrayado, apuntando que esto sucede en la red pública "obligatoriamente".
Nuevamente, STEC ha opinado que Vox "dedica su actividad parlamentaria a servir a los chiringuitos educativos privados en su búsqueda de subvención" y "pretende ahora desviar más de 7 millones de euros a concertar el Bachillerato (que tendría un coste anual cercano a los 3,2 millones de euros) y los ciclos de FP de Grado Superior (3,9 millones), para un alumnado muy minoritario respecto al que elige educación pública".
STEC también ha rechazado la enmienda de modificación del Partido Popular, en la otra dirección que proponía Vox de implantar un sistema de cheque escolar. Un modelo que, según el sindicato, "ha convertido a Madrid en la comunidad con mayor segregación escolar de España y Europa según la propia UNICEF".
Además, aunque se presenta como un recurso para familias necesitadas, la experiencia madrileña -a juicio de STEC- "pone de manifiesto que acaba extendiéndose a una paga generalizada también a las familias de renta alta (35.913 euros anuales por cada miembro de la familia), constituyendo todo un desvío de recursos públicos a bolsillos privados".
Respecto a la propuesta del PP de realizar un estudio sobre la educación privada concertada y sus necesidades, el sindicato le emplaza a no limitarse a la continuidad pedagógica y las facilidades de matriculación e incluir la implantación territorial de los centros subvencionados, sus criterios de selección de alumnado y profesorado, la acogida de jóvenes en riesgo de exclusión, la relación de sus calificaciones propias con las notas de la EBAU o la pervivencia del cobro ilegal de cuotas obligatorias.
Por último, en el escrito que ha trasladado a los grupos parlamentarios, STEC advierte que "los equilibrios entre la enseñanza pública y la privada son una cuestión extremadamente sensible". "Sindicatos como el nuestro, mayoritario entre el profesorado del sector, es contrario al sostenimiento de centros privados con dinero público, y, por tanto, aboga por la completa desaparición del régimen de conciertos educativos. En el lado opuesto, algunas organizaciones que representan a la enseñanza privada abogan por lo contrario. Alterar los actuales equilibrios con una decisión sería una irresponsabilidad de consecuencias imprevisibles, ya que desencadenaría una guerra escolar que no deseamos, pero que tampoco el STEC va a rehuir", ha advertido.
