Hasta ahora, los ciudadanos que recurrían a la asistencia jurídica gratuita, es decir, a un abogado del turno de oficio, se encontraban exentos de pagar el IVA, ya que estos servicios se prestaban con carácter obligatorio y gratuito, según se recoge en la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin embargo, la Agencia Tributaria anunciaba el pasado viernes 3 de febrero que esta situación iba a cambiar, repercutiendo a los beneficiarios de esta asistencia jurídica gratuita el tipo impositivo general del 21%.
El motivo de este cambio de criterio se apoya, según un comunicado de la Agencia Tributaria, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que considera que dichos servicios se realizan a título oneroso.
Esta sentencia analiza la sujeción al IVA de los servicios jurídicos de defensa prestados por los abogados belgas y, en particular, la asistencia gratuita, partiendo de dos elementos de hecho: que el servicio de asistencia jurídica gratuita se presta de manera voluntaria, y que el servicio no es gratuito, siendo los honorarios satisfechos por el Estado belga.
La Agencia Tributaria considera aplicable esta sentencia al turno de oficio español al determinar la onerosidad de estos servicios
La Agencia Tributaria considera aplicable esta sentencia al turno de oficio español al determinar la onerosidad de estos servicios toda vez que son retribuidos no por los beneficiarios de la asistencia jurídica sino por un tercero, en este caso la Administración Pública competente.
Por tanto, los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estarán sujetos y no exentos del IVA, debiendo repercutir en factura el impuesto al tipo general del 21% a su beneficiario, destinatario de la prestación del servicio y siendo la base imponible la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial.
Mejorar la justicia gratuita
Precisamente este pasado 4 de febrero Podemos Cantabria presentaba tres enmiendas en el Parlamento autonómico para mejorar la justicia gratuita, la transparencia y para desarrollar herramientas para luchar contra la corrupción. Estas enmiendas suman un total de 920.000 euros y, tal y como ha explicado Alberto Bolado, “son necesarias para mejorar el proyecto que nos han presentado y que son necesarias para mejorar la vida de la ciudadanía cántabra”.
La formación morada también “insuficientes” las partidas destinadas para la justicia gratuita, “algo que debe de ser una prioridad para cualquier gobierno que se considere progresista. El coste económico no puede impedir el acceso de los ciudadanos a la justicia, como máxima expresión del derecho de igualdad”.
Por este motivo una de las enmiendas, valorada en 700.000 euros, tiene como finalidad dotar económicamente la modificación de las insuficientes retribuciones de abogados y procuradores de oficio contenidas en el Decreto 86/2008 de 11 de septiembre, de Asistencia Jurídica Gratuita.
Además, se ha presentado una enmienda para dotar de partida a la Unidad de Transparencia, de manera que la dote de identidad propia “ya que se trata de una herramienta básica e imprescindible para el buen gobierno”. La dotación planteada por Podemos es de 150.000 euros.
La tercera prioridad para Podemos es luchar contra la corrupción, por lo que plantea una partida de 70.000 euros destinada a la creación de la Oficina anticorrupción, “una partida importante para que, dado su especial objeto, tenga personal independiente, multidisciplinar y con perfiles técnicos específicos”.
