El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas han acordado crear una fiscalización conjunta que auditará a partir de 2024 el estado de la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) de los ayuntamientos, entre ellos Santander y Torrelavega.
Así lo ha dado a conocer este lunes el Tribunal de Cuentas, que ha explicado que la Comisión de Coordinación en el ámbito local del órgano fiscalizador, junto con sus homólogos autonómicos, se encargarán de examinar conjuntamente si los ayuntamientos implantan estas zonas de bajas emisiones.
La fiscalización conjunta de estos órganos comenzará en el año 2024 y verificará si estas zonas de bajas emisiones se han implantado tal y como exige el artículo 14 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que habla de la promoción de movilidad sin emisiones.
Hace unos meses, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remitió una nota informativa a todos los ayuntamientos beneficiarios de los fondos europeos para la implantación de zonas de bajas emisiones, en la que avisa que si algún municipio revierte actuaciones ya ejecutadas se les obligará a reintegrar la subvención.
