Los trabajadores de Aspla llevan hoy ya 29 días de huelga y siguen en su lucha por reclamar un convenio “digno”. A la espera de la reunión convocada a las 16:30 horas de mañana lunes para una nueva negociación entre el comité de empresa y la Dirección de Aspla, los representantes de los trabajadores siguen defendiendo su postura, una que la dirección de la empresa “no quiere asumir”, afirman.
“Los trabajadores lo único que queremos es que siendo nuestra empresa una factoría puntera a nivel mundial también lo sea a nivel socio laboral y que las personas trabajadoras de la compañía tengan unas condiciones económicas acordes a dicha empresa”, afirma el sindicato SITA-USO a través de un comunicado.
Los representantes de los trabajadores de Aspla acusan a la dirección de la empresa de llevar cabo una “política de negacionismo”: “Solo quieren la política del no por el no”. Y es que, afirman, “con IPC ya definitivo para el 2022 de 5,7% la dirección de la compañía nos traslada que no es asumible, cuando un año antes la misma compañía y cúpula directiva asume una subida del 6,5% y es cuando las cuentas de la empresa dan los mejores resultados de la historia”.
Ya a principios de febrero, el comité denunciaba que la dirección de Apla "omitía detalles muy importantes de la negociación que no juegan a su favor en un claro intento de manipular a la opinión pública en contra de la plantilla". Hacían así alusión a cuestiones como la revisión sin retroactividad o el récord histórico de beneficios en el 2022. Desde el sindicato SITA-USO afirman, aportando los datos de los beneficios relativos a los últimos seis años, que en el año 2022 la empresa ha tenido unos beneficios superiores a los años anteriores, “beneficios récord”, año en el que se inició la guerra de Ucrania y que para la empresa “no tuvo ninguna repercusión económica como sí ha podido pasar en otros sectores”. Sostienen además que “la dirección de Aspla año tras año siempre ha tenido unos grandes beneficios incluso en plena pandemia por el COVID 19”.
En el comunicado también se hace un llamamiento al Gobierno para que intervenga en el conflicto pues “subvenciona a una empresa con grandes beneficios en nuestra región mientras que por otro lado de dirección de la planta fabril no quiere asumir que las personas empleadas, en sus dos centros productivos, tenga una subida salarial acorde al IPC de los años venideros, con sus respectivos atrasos, cuando exista revisión de salarios”, denuncian.
