Ecologistas en Acción ha advertido que llevará al Ayuntamiento de Piélagos a los tribunales penales "por prevaricación" si no hace efectivo el cierre de la cantera Laherrán de Arce, acordado por última vez en una resolución de Alcaldía de fecha 28 de junio de 2023.
El colectivo ecologista ha indicado que recibió ayer la notificación de esta resolución de Alcaldía debido a que reiteró la petición de cierre de la cantera el 30 de octubre "ante la pasividad y negligencia municipal". En este sentido, ha denunciado que el actual equipo de Gobierno no haya ejecutado dicho acuerdo pese a haberlo aprobado en junio, como tampoco lo hicieron los equipos anteriores.
"No sabemos cuánto tiempo más habrá que esperar para que se cumpla la legalidad", ha lamentado, añadiendo que los vecinos de la zona llevan protestando desde los años 70 por las molestias como consecuencia de "las explosiones, el ruido, las vibraciones y el polvo originado por estas actividades mineras e industriales que están tan cerca de sus viviendas". Es por ello que Ecologistas en Acción realizó diversas denuncias sobre la "ilegalidad" de la cantera y de sus actividades de transformación.
En concreto, el 18 de noviembre de 2015 solicitó al Ayuntamiento la paralización de todas las actividades en la cantera, que como ha señalado "carecían de licencias", de autorización ambiental expedida por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y de la preceptiva autorización de la Comisión Regional del Territorio y Urbanismo (CROTU) por ubicarse en suelo no urbanizable.
Además, las actividades en las instalaciones complementarias a la cantera, la planta de tratamiento de áridos y la planta de hormigón "también carecen de las autorizaciones municipales preceptivas".
Ecologistas en Acción ha remarcado en un comunicado que la historia de esta cantera tiene "más antecedentes irregulares" ya que ella y sus empresas auxiliares "vienen funcionando desde hace más de 50 años sin que ninguna administración haya controlado su actividad". En este sentido, ha subrayado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lo denunció en 2009 y el Ayuntamiento abrió un expediente en el que existe un informe jurídico que proponía la clausura de la actividad, pero el entonces alcalde, Jesús Pacheco, "nunca lo ordenó ni ejecutó".
"Tampoco el alcalde Enrique Bolado adoptó decisión alguna cuando la propia empresa inició los trámites para su legalización en el año 2010", añade el colectivo, advirtiendo que este expediente de legalización "nunca se finalizó pues la empresa no presentó toda la documentación que se le demandó".
Y finalmente, cuando el grupo ecologista inició el seguimiento de la actividad de la cantera a instancias de los vecinos en el año 2015, apunta que la anterior alcaldesa, Verónica Samperio, "tampoco se comportó como cabe a una autoridad pública que defiende la legalidad y el interés general", ya que aunque acordó el 25 de febrero de 2016 el cierre de la actividad en la cantera, nunca se ejecutó.
