martes 17.09.2019
POLÍTICA

José Ramón Blanco, de baja desde hace un mes y medio, contacta con los grupos para negociar los presupuestos en nombre de Podemos

El diputado de Podemos, José Ramón Blanco (der.), durante una de sus sesiones en el Parlamento de Cantabria
El diputado de Podemos, José Ramón Blanco (der.), durante una de sus sesiones en el Parlamento de Cantabria

El diputado de Podemos Cantabria, José Ramón Blanco, lleva sin hacer acto de presencia en el Parlamento autonómico desde hace más de un mes y medio desde que anunciara su dimisión el pasado 8 de octubre después de hacerse públicas tres denuncias por acoso laboral a dos compañeras y a una trabajadora del partido. Dimisión que, sin embargo, ha sido sustituida por una baja médica por “ansiedad” con la que conserva su puesto en la Cámara autonómica, pero con la que Podemos pierde un voto. Esta baja médica, a tenor de lo ocurrido esta semana, le impide asistir a las comisiones parlamentarias en las que se están exponiendo los presupuestos de cada Consejería, pero no es óbice para que pretenda negociar las cuentas en nombre de Podemos Cantabria, del que actualmente ni es portavoz parlamentario ni representante de ningún órgano de la dirección.

Según ha revelado la secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, en una entrevista en OID Radio, Blanco se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios para negociar con ellos los presupuestos en nombre de Podemos. Alegría asegura que “me he enterado por los grupos parlamentarios”, algo que fuentes de dichos grupos también han confirmado a este medio.

Este paso dado por el diputado, de baja, contrasta con su ausencia en las comisiones a comienzos de semana, cuando no estuvo presente ni en la de Economía, Hacienda y Empleo ni en la de Obras Públicas y Vivienda, materias que corresponden al que fuera secretario general del partido en Cantabria. Su ausencia impidió que Podemos tuviera voz en dichas comisiones, y que por lo tanto pudiera defender una postura clara ante estas cuentas, pues ninguno de sus compañeros pudo sustituirle. Según el presidente de la comisión de Economía, Hacienda y Empleo, Luis Carlos Albalá, en declaraciones a la agencia EFE, no hubo comunicación sobre su ausencia.

En cualquier caso, los intentos de Blanco por hablar en nombre de Podemos Cantabria de cara a los presupuestos han caído en saco roto después de que PRC, PSOE y Ciudadanos hayan llegado a un "principio de acuerdo" para asegurar la aprobación de las cuentas, y en el que el Gobierno autonómico acepta la propuesta de Cs de rebajar los impuestos por valor de 40 millones de euros.

La situación de Blanco se ha ido complicando a medida que se han conocido nuevos datos acerca de las denuncias presentadas por la diputada de Podemos Cantabria, Verónica Ordóñez, la secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, y una trabajadora del partido. Tras hacerse públicas, la Dirección estatal de la formación abrió tres expedientes al diputado autonómico para investigar los que las denunciantes consideraban “acoso contra la integridad moral”, “maltrato continuado con agravante de género” y “acoso laboral”. El informe final del expediente interno determina que “los hechos descritos” en la denuncia de Alegría podrían ser constitutivos de “infracciones de carácter penal en el ámbito de la violencia de género”.

A este respecto, en la citada entrevista Alegría ha asegurado que “es mentira que nos haya pedido perdón”, como aseguró Blanco, y ha rechazado las acusaciones de que todo es parte de una “conspiración”. “No tiene encaje”, ha asegurado, opinando además que “se está utilizando esto para salvarse y hacerse las víctimas”, pero “obviando un trasfondo muy grave, que son las denuncias”.

La situación de Blanco ha provocado, además, que la dirección estatal de Podemos haya propuesta inhabilitar a la actual secretaria general en Cantabria y diputada nacional, Rosana Alonso, en las primarias para elegir al candidato a las elecciones autonómicas. Según la formación, incumpliría al menos uno de los requisitos exigidos para presentarse, el que hace referencia a la obligación de “aportar declaración de no haber sido objeto de informe negativo sobre hechos considerados probados de naturaleza grave o muy grave por parte de un Comité de Seguridad y Salud Laboral de Podemos o de cualquiera de sus grupos parlamentarios, en su relación profesional”.

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