El Grupo Sadisa, al que pertenece Ascán, ha manifestado su satisfacción por la confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de la anulación de parte de los descuentos del Ayuntamiento de Santander a la empresa por el servicio de basuras y ha estimado que, tras 12 sentencias ganadas y si se confirman las pendientes, el Consistorio deberá abonar más de 2,5 millones de euros. Así lo ha señalado en un comunicado tras conocerse hoy que el TSJC ha confirmado varias sentencias que en septiembre pasado anularon parte de los descuentos aplicados por el Ayuntamiento en las facturas que, entre 2020 y 2021, aplicó a la UTE 'Cuida Santander' (Ascán-Geaser), entonces adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, por supuestos incumplimentos del contrato.
En concreto, el TSJC deja sin efecto los descuentos de personal y recogida de cartón, que según Ascán suponen "más del 70% del total del importe de las deducciones realizadas", y mantiene los relativos a Smartcity, papeleras e inversión en medios técnicos. De esta manera, la empresa estima que, a día de hoy y con las sentencias ya ganadas, el Ayuntamiento tendrá que devolver 1,8 millones de euros que fueron retenidos en 2020 y 2021 por supuestos incumplimientos, a los que se unen más de 100.000 euros de intereses, con el consiguiente perjuicio para la empresa que cobrará "con años de retraso cantidades que debían haberse abonado a su debido tiempo", lo que "ha causado situaciones de precariedad económica que han tenido que ser atendidas por los propietarios del Grupo Sadisa".
Añade además que, al coincidir el criterio de ambos tribunales, y con mismos hechos y fundamentos todos los recursos, si se confirman en las resoluciones pendientes, el importe que deberá abonar el Ayuntamiento a la UTE será de 2,3 millones de euros más los intereses de aplicación que, a fecha de hoy, ascienden a 149.806 euros. De esta forma, "en total deberá pagar 2.515.053 euros".
El Grupo Sadisa recuerda por último que Ascán Servicios Urbanos (ASU) ocupa el séptimo puesto en el ranking de empresas de gestión de residuos en España "con cientos de contratos que jamás se han cuestionado", a excepción del que prestaba los servicios al Ayuntamiento de Santander desde hacía 29 años. Un servicio, concluye, que "siempre se ha ceñido" a lo que contemplaba el pliego del concurso que ganó en el año 2010.
