El Tribunal Contencioso Administrativo Nº1 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de la capital cántabra a “proceder a la retroacción del procedimiento selectivo” para la provisión de puestos en la Policía Local, “con carácter previo a la celebración de la entrevista”. Según ha explicado el sindicato CSIF en rueda de prensa, dicha sentencia “demoledora” detalla “varios incumplimientos” en esta fase posterior a la valoración de méritos, algunas de ellas de “índole muy grave”.
En concreto, el texto de la sentencia señala, por un lado, que el Tribunal calificador “vulnera materias de Igualdad de Género y por ello discriminatorio”. Según ha explicado el sindicato, dicho tribunal debería estar formado por cuatro miembros más un secretario. De ellos, solo era mujer la secretaria.
En dicho Tribunal, un miembro del Tribunal alegó tener conflicto de intereses y no podía participar. Su sustituto, también un hombre, tampoco podía, por lo que “el tribunal se quedó en tres personas”. CSIF ha señalado que, para crear la nota de cada candidato, estos tribunales “eliminan la nota más alta y la más baja, y se queda con las dos intermedias para hacer la media aritmética”. Al quedar solo tres miembros, esa nota intermedia es únicamente una, que se convierte en definitiva.
CSIF ha detallado que “aquellos que recibieron una mala nota en la entrevista”, al reclamar una explicación, “les han dicho que porque sí”
La sentencia, que estima íntegramente la pretensión de los dos candidatos demandantes, señala a este respecto que “no es subsanable el funcionamiento del órgano con un número de miembros inferior al mínimo”, aclarando que “no puede obtenerse” esa media aritmética “cuando solo hay una cifra a computar como aquí pasó”
Pero por otro lado, también estima la denuncia sobre la no abstención de un vocal del Tribunal, algo que ya se advirtió por parte del sindicato en “varios recursos y escritos ante el Ayuntamiento”, todos ellos desestimados. En concreto, CSIF señala que ese miembro del tribunal que no se abstuvo es “uno de los dos inspectores de la Policía Local”.
Según explica el sindicato, este inspector “había impartido en los últimos cinco años formación a aspirantes de policía local en una conocida academia de Santander”, algo que era conocido “tanto en el propio Ayuntamiento como por todo el personal adscrito” al cuerpo de seguridad local.
En las actas de las reuniones, tal y como ha revelado CSIF, consta que “no concurre causa de abstención” por este hecho, pero la sentencia dictamina que “se trata de una prohibición o incompatibilidad”, pues el certificado de la academia “acredita que tuvo relación profesional relacionada con la preparación de aspirantes a oposiciones a policía local. El fin de la norma es evidente: limpieza del proceso”. El sindicato ha señalado que este inspector es el mismo que reclamó el pago de horas extras durante la pandemia sin acreditarlas.
También se denunció falta de transparencia del proceso y ausencia de los criterios de valoración usados, así como la falta de motivación de la nota de los aspirantes. En este sentido, CSIF ha detallado que “aquellos que recibieron una mala nota en la entrevista”, al reclamar una explicación, “les han dicho que porque sí”.
La sentencia no solo recoge que “no consta explicación alguna sobre esas notas ni sobre las respuestas” y que “no se motiva mínimamente la nota”, sino que considera que el tribunal “debe explicar cómo ha obtenido la puntuación […], está obligado a hacer esa labor, completa y tediosa, pero debida”.
“Resulta paradójico que quienes más puntos tenían en la fase de méritos, logrado en el eficaz desempeño de sus funciones, fueron los que menos puntuación obtuvieron en la subjetiva entrevista personal”, señala CSIF.
Por todo ello, la sentencia anula los actos administrativos recurridos y condena al Ayuntamiento a la retroacción del procedimiento selectivo.
“La policía local es un polvorín”, ha señalado CSIF, que ha recordado que todavía hay un proceso de selección del intendente de la Policía Local, y que no se ha resuelto. Los representantes del sindicato han asegurado que “van a estar muy encima” porque tienen “miedo de que caduque”, contemplando acciones judiciales en caso de ser necesario.
