La atención a la dependencia, considerado uno de los pilares del Estado de Bienestar, junto con el acceso universal a una sanidad de calidad o la educación pública y gratuita para todo el mundo, son algunos de los aspectos fundamentales sobre los que, en principio, parece haber consenso entre prácticamente todas las fuerzas políticas a la hora de aplicarlos.
Y digo “parece” porque a la hora de pasar de la letra a los hechos, hay quien no cree en ello.
Unos partidos, como Ciudadanos, se apresuran a eliminar de su ideario estas cuestiones y, consecuentemente con ello, no le prestan atención a la hora de pactar presupuestos, y otros, como el Partido Popular, no se atreven a tanto, pero en la práctica retiran la financiación.
Yo no sé qué extraña idea de sociedad tienen estos dos partidos, PP y Ciudadanos, pero desde luego no coincide con la mía
Con lo cual, otro incumplimiento más del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de los muchos que tiene con Cantabria, quien está transfiriendo menos de la mitad de los fondos que la Ley le obliga a esta Comunidad Autónoma.
Todo ello justificado en que para intentar cuadrar las cuentas había que recortar gastos. Caramba, y siempre se recorta a los más débiles; yo tenía otro concepto del Estado.
El caso es que la aportación estatal a duras penas llega al 20 por ciento cuando debería alcanzar el 50 por ciento, condenando así a no tener una mínima asistencia quien no puede valerse por sí mismo.
Yo no sé qué extraña idea de sociedad tienen estos dos partidos, PP y Ciudadanos, pero desde luego no coincide con la mía.
Por otra parte, es cierto que el Gobierno regional está asumiendo la parte que no destina el Estado. Y es cierto también que en Cantabria se asigna una de las cantidades por beneficiario más altas de España y se alega, entre otras razones para ello, la complicada orografía de Cantabria.
El Ejecutivo regional tampoco está gestionando las ayudas a la dependencia de forma correcta
Ahora bien, la pregunta es si a las trabajadoras de la asistencia domiciliaria no se las abona un solo euro por este concepto, ¿dónde está el dinero que aporta la Administración? y ¿quién se lo queda?
Quiero con esto decir que el Ejecutivo regional tampoco está gestionando las ayudas a la dependencia de forma correcta.
De forma paralela, junto con la pérdida de población, la sociedad sufre un considerable envejecimiento.
Estamos hablando que al inicio de la década de los 70 apenas había más de tres millones de personas mayores de 65 años en España, mientras en la actualidad hay prácticamente nueve millones. Esto significa que una Administración responsable deberá dedicar cada vez más atención y recursos al sector de la dependencia.
Más aún en Cantabria, donde la situación es más preocupante que en España, ya que 20 de cada 100 cántabros es mayor de 65 años y estamos dos puntos porcentuales sobre la media nacional.
Ante este reto, la actuación de la Administración está siendo decepcionante, por decirlo de una manera suave.
Hay dos formas de atender a este creciente colectivo. En centros específicos o la atención domiciliaria que supone un menor coste para la Administración.
Ahora bien, para prestar esta atención con unas mínimas garantías es fundamental contar con un factor humano adecuadamente preparado y motivado. En cuanto a la formación la práctica totalidad de la plantilla tienen la acreditación profesional homologada y una gran parte de poseen incluso titulación superior a la requerida.
Sin embargo, no se puede decir lo mismo del personal eventual que contratan las empresas adjudicatarias. La pregunta es ¿qué hace la Administración para controlar este asunto?. Nada, me temo que nada.
Si entramos en el asunto de la motivación, de cómo se trata al personal, no estamos hablando simplemente de inhibición, estamos hablando incluso de complicidad entre la Administración y las empresas que llevan el servicio. Empresas que, para empezar, no están especializadas que buscan competir únicamente en precio.
No se pueden ignorar los atropellos a los que someten a estas profesionales sus empresas: jornadas imposibles, sueldos rayando el ridículo y desplazamientos kilométricos en su trabajo asumidos con sus vehículos particulares y sin que se les abone siquiera la gasolina, entre otros muchos asuntos.
Nuestra Administración, nuestra sociedad, deberían prestar más atención a todos estos aspectos. Insisto, estamos hablando de unos de los pilares básicos de estado de bienestar.