Desde hace ya algunos años podemos afirmar que la violencia de género es un problema de Salud Pública Global.
De hecho, un reciente trabajo publicado por la prestigiosa revista médica británica “The Lancet” a principios de este año 2022, nos informa de que a nivel global el problema afecta ni más ni menos que a una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 49 años de edad.
Obviamente, esto produce nocivos efectos a corto y largo plazo sobre la salud física y mental de estas mujeres y también de sus hijos e hijas.
Si hablamos de la cohorte entre 15 y 24 años de edad, el azote de la violencia de género afecta a una de cada seis mujeres. Esto es especialmente relevante y preocupante ya que es en la adolescencia y en la primera juventud cuando los cimientos de las relaciones interpersonales saludables se consolidan (o deberían consolidarse).
El ámbito de la Salud Pública pone el foco en la población, en saber por qué enferma una determinada para poder estar en condiciones de solucionar el problema. Hasta mediados del siglo XX la enfermedad se planteaba como una ecuación sencilla: se consideraba determinada por la edad, la genética, y la exposición a microorganismos.
En los años 70 se incorporan al concepto de Salud, como determinantes de la misma, los “estilos de vida saludables” y en los 90 aparece el modelo socioeconómico de la salud que explica las desigualdades sociales en salud a diferentes niveles.
Por último, el llamado “modelo de determinantes sociales” ha sido aceptado por la Organización Mundial de la Salud ya desde 2008 donde aparece el llamado eje de desigualdad (clase social, género, edad, etnia, territorio) y dentro del contexto socioeconómico y político, se incluye también la visión de la “cultura y valores” de la sociedad donde vive el individuo.
Esos determinantes sociales de la salud son, en esencia, las circunstancias socio-económicas en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana.
Una distribución injusta de los determinantes de la salud deriva en desigualdades sociales
Y una distribución injusta de los determinantes de la salud deriva en desigualdades sociales, en este caso sobre la salud de la mujer. Por todo ello es por lo que la violencia de género es también un problema de Salud Pública.
Aceptado universalmente este incuestionable enfoque, hay que centrar los esfuerzos en materia preventiva, puesto que la violencia de género es prevenible, y ya existe conocimiento generado en la última década sobre las estrategias que funcionan para prevenir el problema.
La OMS publicó junto con la ONU en 2019 una estrategia preventiva que se resume a través de estrategias como promover equidad de género, desafiar estereotipos y normas discriminatorias para las mujeres, facilitar el acceso a la educación secundaria y superior y a empleos bien pagados.
No es posible prevenir la violencia género de manera integral sin considerar el aumento del desempleo, la temporalidad y la inestabilidad laboral, la dependencia económica y la sobrecarga de tareas reproductivas, lo que llamamos la feminización de los cuidados.
Y es urgente además, rechazar cualquier actitud que justifique la violencia hacia la mujer y promover relaciones de equidad entre hombres y mujeres, reduciendo la exposición a actitudes violentas en la infancia y evitando también el abuso infantil.
En todas estas estrategias, las personas trabajadoras en los servicios sanitaros tienen que estar plenamente implicadas porque la lucha contra esta terrible lacra solo se podrá ganar con el compromiso unánime de cada ciudadano y de cada ciudadana desde su ámbito personal y profesional.
A las mujeres nos va la salud y la vida en ello.