jueves 02.04.2020
MEMORIA

La nueva Ley de Memoria Histórica suprime títulos y medallas del franquismo y convierte el Valle de los Caídos en cementerio civil

Valle de los Caídos
Valle de los Caídos

Cantabria está preparando su Ley de Memoria Histórica, que según el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, podría entrar en vigor antes del verano. La normativa autonómica surge al amparo de la nacional, que es la que actualmente está vigente en la comunidad al ser una de las pocas que no cuenta con legislación propia. Pero la ley que prepara el Ejecutivo autonómico puede que tenga que cambiar, al menos en algunos de sus puntos, a raíz de las modificaciones que el propio PSOE a nivel nacional quiere introducir en la Ley de Memoria Histórica de 2007. La formación ha registrado en el Congreso una proposición de ley de Memoria Histórica y Democrática, que amplía sustancialmente las medidas que ampara contra la apología del franquismo y del odio.

En dicho texto, entre otras cosas, se suprimen títulos nobiliarios y condecoraciones otorgadas por el franquismo, se encarga al Gobierno las labores de exhumación de fosas, la confección de un censo de víctimas y un banco de ADN que facilite las identificaciones, y se destinan partidas anuales para financiar la exhumación de restos del Valle de los Caídos, que pasará a convertirse en un cementerio civil. También se ilegalizarán fundaciones franquistas.

La futura ley recalcará que sólo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos de fallecidos a consecuencia de la guerra

El primer artículo de la ley propuesta por el PSOE está dedicado a la búsqueda de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura y deja claro que esta labor "corresponderá a la Administración General del Estado", sin perjuicio "de las competencias de otras administraciones", que deberán colaborar en estas tareas. A diferencia de lo que ocurre en la vigente Ley de Memoria, el texto del PSOE incluye muchas más menciones expresas a la Administración General del Estado como responsable de la divulgación de la memoria democrática, de la declaración de los denominados 'Lugares de Memoria' de los que tendrá que hacerse un censo.

DUCADO DE FRANCO

La iniciativa contempla la supresión de los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977 o posterior "que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura", entre los que se incluiría el Ducado de Franco que actualmente ostentan los herederos del dictador. Eso sí, antes de suprimirlos habrá que elaborar un catálogo con todos ellos.

También incluye la revocación de las condecoraciones policiales concedidas en el franquismo cuando quede acreditado que el beneficiario hubiese "realizado u observado conductas manifiestamente incompatibles" con la Orden del Mérito Policial o de la Guardia Civil. En este capítulo encajaría el caso del expolicía Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño'.

La futura norma introduce novedades en el régimen sancionador vigente y, por ejemplo rebaja de 150.000 a 100.000 euros el tope para las multas por infracciones muy graves. Entre ellas se incluye que los titulares o responsables de espacios públicos no adopten las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización de actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra, la dictadura o el dictador.

Por otra parte, mantener la simbología de exaltación de la dictadura pasará de ser una infracción leve a convertirse en una grave, que puede ser objeto de multa de entre 2.001 y 10.000 euros.

APOLOGÍA DEL FRANQUISMO

Además de las multas podrán imponerse sanciones accesorias como el cierre entre seis meses y dos años de los locales o establecimientos públicos donde se produzcan actos de exaltación, el comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción o la prohibición de obtener subvenciones públicas.

En anteriores iniciativas sobre esta materia, el PSOE había incluido la creación de una Comisión de la Verdad, pero ahora se limita a proponer un Consejo de la Memoria, un órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas, que estará presidido por el titular del ministerio competente.

VALLE DE LOS CAÍDOS

La iniciativa del PSOE prevé la aprobación de un real decreto que determinará el nuevo marco jurídico que ha de regir el Valle de los Caídos, la institución directora definitiva y sus bienes y, en paralelo, pone fecha de caducidad a la Fundación de la Santa Cruz del Valle. Los socialistas quieren que el Valle de los Caídos quede definido como "un cementerio civil" y un "lugar de memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura y mantiene la prohibición de celebrar actos de naturaleza política ni exaltadores de la contienda, sus protagonistas o el franquismo”.

Como novedad, la futura ley recalcará que sólo podrán yacer allí los restos de fallecidos a consecuencia de la guerra y que "se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto", en clara referencia a los del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Según el texto de los socialistas, la institución directora del Valle de los Caídos dispondrá de una dotación económica específica en los Presupuestos Generales del Estado para la exhumación e identificación de los resto de las víctimas inhumadas en el Valle, previa solicitud al efecto. La ley también obliga a atender las peticiones de exhumación de estas víctimas y, en el caso de imposibilidad técnica, contempla "medidas de reparación de carácter moral".

ILEGALIZAR FUNDACIONES FRANQUISTAS

Asimismo prevé que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley se modifiquen las leyes de Asociaciones y Fundaciones para declarar ilegales las que públicamente inciten directa o indirectamente al odio o la violencia contra las víctimas de la guerra o la dictadura.

El PSOE también apuesta por cambiar la vigente ley para añadir a la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas la declaración de "nulidad" de estos órganos y de sus condenas o sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia.

Paralelamente, los socialistas han registrado también en el Congreso otra iniciativa aunque sin fuerza de ley con la que, entre otras cosas, instan al Gobierno a auditar y devolver bienes expoliados por el franquismo a sus legítimos titulares, así como a la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público.

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