El diputado regional del PP, Iñigo Fernández, ha defendido que los cambios introducidos en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) son "mínimos" y "no hay ningún motivo de alarma", y ha asegurado que la reducción de sus miembros es "a costa" de la participación de representantes de la Administración, "nunca" de los colegios profesionales, que "mantienen todos ellos su misma representación".
Así lo ha señalado Fernández este viernes tras las críticas de los partidos políticos y los propios colegios al decreto que modifica la composición y el funcionamiento de la CROTU, en especial por la "exclusión" de estos últimos, una "polémica" que a su juicio se ha generado "artificialmente" y "no tiene mayor recorrido".
En este sentido, ha precisado que la legislación contempla que todos los colegios profesionales tienen presencia en el Pleno de la CROTU, que analiza los asuntos de "mayor calado" y aunque ahora se reduce de 27 a 25, estos dos puestos son representantes de la Administración, por lo que los colegios profesionales tienen "la misma" presencia en este órgano.
En cuanto a la Comisión Permanente, cuyos miembros se reducen de 11 a 8, ha indicado que "solo" tiene representación de dos colegios profesionales, y "todos optan" a la misma, según la ley, siendo los de Arquitectos e Ingenieros de Caminos los que salieron elegidos, aunque "pueden variar".
Fernández ha apuntado además que en la Comisión Permanente se tratan los temas "más ordinarios", que se pueden elevar al Pleno "cuando haya algún conflicto".
El diputado ha subrayado que el objetivo de la modificación de la CROTU es reducir "mínimamente" el número de miembros de la Comisión Permanente, "activar" los trabajos de la misma y que se reúna "con más frecuencia" dado que "nunca" se ha reunido, para que "no atasquemos al Pleno" y este pueda trabajar "en otros asuntos", como PROT o los PSIR.
Así, ha indicado que el Ejecutivo autonómico quiere que el Pleno de la CROTU se ponga a trabajar en la elaboración de un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que, en su opinión, "es una tarea más ambiciosa que construir la Muralla China y esto no puede seguir siendo así".
De esta forma, el Gobierno cántabro pretende "agilizar" los trabajos de la CROTU para "desatascar" los expedientes y permitir que quien tenga un proyecto urbanístico y cumpla la ley obtenga las autorizaciones "lo antes posible", y la Administración no suponga una "barrera" a la actividad económica de la región.
"Se trata de mantener los cauces de participación, las figuras de control, de garantizar la seguridad jurídica, pero también de debilitar el atasco de todos los expedientes", ha añadido.
NUEVE EXPEDIENTES AUTORIZADOS DESDE 2022
También ha apuntado que desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Suelo en junio de 2022, solo se han resuelto nueve expedientes urbanísticos, por lo que ha insistido en que el objetivo del Gobierno es superar el "gran atasco" existente en la actualidad en la CROTU, donde hay solicitudes de vecinos que llevan esperando contestación hasta "dos años".
En este punto, ha añadido que la Ley de Suelo autorizaba la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico a 100 metros del centro urbano, lo que para los 'populares' es "insuficiente" y creen que esa distancia puede ampliarse sin causar agresión al medioambiente.
"No puede ser que Cantabria sea la región de España en la que más tiempo se tarde en recibir una licencia urbanística", ha manifestado Fernández, que ha afirmado que la región lleva "muchos años" sumida en "un declive muy peligroso".
Finalmente, el diputado ha puesto como ejemplo el PSIR (Plan Singular de Interés Regional) de La Pasiega, cuyo documento tardó en elaborarse de 2016 a 2022 porque "se empantanan en las redes de la Administración".
