El Gobierno de Cantabria va a promover la aprobación de un pacto por la Justicia, en el que estén presentes todos los profesionales de la Administración, cumplirá con los compromisos de refuerzo y planes de agilización, y negociará un nuevo decreto del turno de oficio para abogados y procuradores. Asimismo, el Ejecutivo autonómico va a desplegar "todas y cada una de las medidas" que recoge la recién aprobada Ley cántabra de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo.
Así lo ha avanzado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, este martes en la toma de posesión del director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Ignacio Sáez, del que ha destacado que es conocedor de la Justicia, "honrado" y comprometido con el servidor público, tiene una trayectoria "intachable", es "moderado, conciliador", y tiene "mucha mano izquierda y derecha" para conseguir lo que se propone.
La consejera ha agradecido a Sáez su "valentía" por aceptar un reto que conlleva "mucha responsabilidad", cuya Dirección ha cambiado de nombre, ha recordado, y ya no solo es de Justicia, sino de Justicia y Víctimas del Terrorismo. En este sentido, ha explicado que la Consejería tiene la "obligación honrosa" de desplegar "todas y cada una de las medidas" que recoge la recién aprobada Ley cántabra de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo, que supone "un reto a conseguir en los próximos presupuestos para el año 2024 y que desde ya mismo tenemos que empezar a valorar y cuantificar" dado que nació sin memoria económica.
Urrutia ha apuntado que no solo se impulsarán las medidas económicas de la ley, sino todas aquellas de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo en la comunidad autónoma. "Tenemos que cumplir con la deuda que teníamos como sociedad cántabra con las víctimas del terrorismo", ha añadido.
ÁGIL, CERCANA E INDEPENDIENTE
Respecto a la Justicia, ha indicado que el objetivo es que esta Administración tenga un "buen y correcto" funcionamiento, y que la región trabaje, junto al resto de autonomías y el Gobierno central, para conseguir una Justicia "ágil y eficaz" con los recursos humanos y materiales necesarios. Ha explicado que la apuesta del Ejecutivo autonómico es una Justicia "ágil, cercana, eficaz e independiente", pese a que "no son buenos tiempos para la Justicia ni en Cantabria ni en España" dados los asuntos judiciales que están pendientes, que aumentaron un 13% en 2022 en la región, y por la "paralización casi total" de la actividad durante los siete primeros meses de 2023 debido a que "el Gobierno de España no ha sabido afrontar de forma conjunta los problemas de los diferentes profesionales".
"Somos conscientes del grave problema al que nos enfrentamos y que queda mucho por hacer", ha trasladado la consejera, que se ha comprometido a trabajar en la comunidad autónoma y que esas medidas se trasladen "a nivel nacional" para conseguir una Administración de Justicia "moderna, con mejores medios, sedes dignas y accesibles, con mayor agilidad, más cercana, con profesionales motivados y con garantía de su independencia y eficiencia".
Así, ha avanzado que el Gobierno regional va a promover la aprobación de un pacto por la Justicia, en el que estén presentes todos los profesionales del sector para "establecer las medidas que la Justicia necesita a corto, medio y largo plazo". También cumplirá con los compromisos de refuerzo y planes de agilización, las sedes judiciales para "reunificar" un plan de empleo específico en la implementación de la Oficina Fiscal y Judicial, además del plan de inversión en las infraestructuras judiciales.
Y, además, el Ejecutivo autonómico negociará un nuevo decreto del turno de oficio para abogados y procuradores, y estudiará posibles deducciones fiscales o fórmulas de compensación por el paro o cierre de la actividad que realizan cuando son ajenos a su voluntad. Finalmente, Urrutia ha avanzado que el próximo 11 de agosto habrá un nuevo nombramiento en el Servicio Jurídico, cuyo relevo está "pactado" y "consensuado".
