El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha trasladado a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) la "urgencia y firme determinación" del Gobierno de Cantabria para modificar la Ley del Suelo y retrotraer la regulación a la normativa de 2012. Según Media, se trata de una "grandísima noticia que, además de ser muy demandada por los ayuntamientos, beneficiará a todos los ciudadanos de Cantabria, vivan donde vivan", ha informado el Gobierno en un comunicado.
El consejero ha explicado a los ayuntamientos que la nueva legislación permitirá la construcción unifamiliar en suelo rústico, "para que no haya ciudadanos de primera y de segunda", favoreciendo que la gente "pueda quedarse en los pueblos", que es uno de los fines que persiguen los alcaldes y el Gobierno de Cantabria. En este sentido, ha asegurado que "hay un clamor de la práctica totalidad de los alcaldes de Cantabria" para modificar la actual ley, avanzando su intención de plantear esta legislatura las modificaciones que "sean necesarias para facilitar el desarrollo sostenible de nuestros ayuntamientos".
Por su parte, el presidente de la FMC, Javier Camino, que ha acompañado a Media en su exposición, ha agradecido la "rapidez" del consejero, tanto en la atención a sus demandas, como en "dar forma y llegar a un amplio consenso muy amplio" para su modificación. Para Camino, esta es una ley que demandan "todos los cántabros y todos los ayuntamientos", por lo que ha apelado a la unión de todos los grupos parlamentarios "para que salga adelante".
Media también ha explicado que las modificaciones propuestas favorecerán una legislación simple, clara y adaptada a las necesidades de la región, garantizando la aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria (PROT) en esta legislatura. Además, ha defendido la modificación de la Ley del Suelo a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas por la exigencia de actuar con diligencia, asegurando que "si no hacemos nada, no solo están limitadas las posibilidades de construir en suelo rústico de protección ordinaria", sino que a partir de septiembre de 2024 no se podrá construir ninguna vivienda nueva al finalizar el régimen transitorio previsto en la ley vigente.
Ante los alcaldes, el consejero ha ido desgranando las principales propuestas, centradas fundamentalmente en modificar las determinaciones sobre la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico de protección ordinaria, corregir errores en el articulado, solucionar las discrepancias con la legislación estatal e incorporar mejoras que clarifiquen la norma.
Entre ellas, se ha referido a la eliminación de los períodos transitorios a partir de los cuales no se pueda construir; permitir la construcción de viviendas unifamiliares, construcciones vinculadas a actividades artesanales, educativas, culturales, de ocio, turismo rural, campamentos de turismo y áreas de autocaravanas en suelo rústico de protección ordinaria a 200 metros de suelo urbano en todos los municipios; y adoptar como mínimo para las construcciones permitidas una parcela de 1.500 metros cuadrados en todos los ayuntamientos, salvo en los municipios en riesgo de despoblamiento, en los que no se exige tamaño mínimo.
La eliminación de la prohibición de construir viviendas en suelo rústico por el hecho de existir suelo urbanizable; la supresión de la tasa que grava la construcción en suelo rústico a quienes no mantengan el domicilio fiscal en el ayuntamiento; la recuperación de la clasificación de suelo urbano por parte de los núcleos rurales; y la consideración del suelo urbanizable bajo el régimen de rústico ordinario mientras no se desarrolle el Plan Parcial, han sido otras cuestiones abordadas.
Dentro de las propuestas de modificación de la actual Ley del Suelo también se ha incluido facilitar la autorización de usos en suelo rústico con vigencia temporal periódica; la ampliación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para dar cabida a un representante de la Asociación de Colegios Profesionales; y la caducidad de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) si no se aprueban inicial o definitivamente en el plazo de tres años. Además, el consejero ha avanzado que la Dirección General de Vivienda está trabajando en un nuevo decreto que sustituya al actualmente vigente del año 1991, con el fin de facilitar a los ciudadanos la tramitación para obtener una cédula de su vivienda y reducir los plazos.
