viernes 05.06.2020
SERIE CANTABRISMO [BLOQUE 03 | ARTÍCULO 08]

“ICU reconoce el derecho de los pueblos a su autodeterminación, incluido el de Cantabria”

Desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía hasta las elecciones autonómicas de 1995.

Pancarta de ICU en una manifestación celebrada a principios de los ochenta en Santander
Pancarta de ICU en una manifestación celebrada a principios de los ochenta en Santander

El 11 de enero de 1982, el BOE (Boletín Oficial del Estado) publica la Ley Orgánica que aprueba el Estatuto de Autonomía para Cantabria –Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre–, y el 1 de febrero entra en vigor el Estatuto, que en su artículo 1 define a Cantabria como “entidad regional histórica dentro del Estado español” y establece que “los poderes de la comunidad autónoma emanan de la Constitución, del presente Estatuto y del pueblo”. El Estatuto establece también que la Diputación Regional de Cantabria es “la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de Cantabria” y que está integrada en la Asamblea Regional –que contará con entre 35 y 45 escaños–, el Consejo de Gobierno –formado por el presidente, el vicepresidente y los consejeros– y el propio presidente. En febrero de 1982 se constituye la primera Asamblea Regional –provisional e integrada por la Asamblea Mixta de diputados provinciales y parlamentarios estatales, según lo establecido en el Estatuto– y el Pleno nombra presidente –con los votos de PSOE, PRC y disidentes de la UCD, partido ya en descomposición– a Isaac Aja, diputado provincial y alcalde de San Vicente de la Barquera por la UCD, aunque después se pasará al PSOE, con el que ocupará un escaño en la propia Asamblea Regional de 1983 a 1991 y otro en el Senado de 1986 a 1987. Y en marzo se constituye el primer Consejo de Gobierno, un Ejecutivo provisional integrado por José Antonio Rodríguez, el disidente de la UCD que presidía la Diputación Provincial desde abril de 1979, como presidente –elegido con el apoyo del PSOE y de disidentes de la UCD–, José Ramón Saiz como consejero adjunto al presidente y de Relaciones Institucionales y Jesús Ruiz Rugama (Presidencia), Serafín Fernández-Escalante (Hacienda), Tomás Fernández Fernández (Obras Públicas), Valentín Almansa (Ganadería), Ramón Teja (Cultura), Enrique Ambrosio (Industria) y Santiago Pérez Obregón (Trabajo) como consejeros.

“Los agentes que acceden al gobierno de la autonomía de Cantabria fueron los que engrosaron la oposición a la misma existencia política de Cantabria”

El historiador Manuel Alegría destaca que “la puesta en marcha del edificio autonómico, de las estructuras del primigenio autogobierno de Cantabria, va a partir de una primera contradicción: los agentes que acceden al gobierno de la autonomía de Cantabria fueron los que engrosaron la oposición a la misma existencia política de Cantabria”, lo que “trajo consigo que desde prácticamente las primeras elecciones autonómicas, en 1983, hasta 1995 la inestabilidad y la crisis fueran las características definitorias de las distintas coyunturas de aquellos momentos iniciales”. “El historiador Ángel Revuelta, en su libro La autonomía en su laberinto, afirma que de esa manera se dio la paradoja de que la derecha originariamente centralista y castellanista, la que con más ahínco se había opuesto a la aprobación de una autonomía uniprovincial para Cantabria, y que en gran medida estaba formada por antiguo personal franquista, era la designada para dirigirla”, añade. Y esa “crisis política de una autonomía cántabra liderada por los históricos opositores a la misma” se unió a la “crisis estructural económica y social derivada de las profundas transformaciones que la crisis industrial y la entrada de Cantabria en la CEE (Comunidad Económica Europea) el 1 de enero de 1986 trajeron consigo: crisis ganadera, desmantelamiento de la industria de base e impacto ecológico derivado de la orientación turística del espacio prioritariamente costero”, explica Alegría.

En mayo de 1983 se celebran las primeras elecciones autonómicas, a las que concurren tres formaciones de ámbito cántabro: los regionalistas del PRC, los nacionalistas de ANAC (Agrupación Nacionalista de Cantabria) y los soberanistas de izquierdas de ICU (Izquierda Cántabra Unida). “En lo que al espectro político del cantabrismo se refiere, estas primeras autonómicas contaron con partidos o agrupaciones que en el futuro desarrollarán sus respectivos espacios ideológicos y políticos”, apunta Alegría. Por un lado “comparece el PRC, que se convertirá en el partido más consolidado, sin proyecto definido y al albur del liderazgo capitalizado por Miguel Ángel Revilla, pero que establecerá su éxito en clases medias y populares y en un espectro ideológico más bien progresista”. Por otro lado “de la mano de ANAC, expresión electoral de la ADIC –asociación que había asumido el nacionalismo ideológico y político desde 1980–, emerge el cantabrismo nacionalista, que aún habrá de evolucionar en el futuro”. Y por otro lado “de la mano de ICU, aparece el cantabrismo soberanista de base obrera, la izquierda soberanista cántabra, en definitiva”. “Las tres corrientes del cantabrismo –regionalista, nacionalista y soberanista– tendrán una mayor incidencia en el futuro que en estos comicios iniciales de la singladura autonómica”, asegura.

Como en todas las autonómicas que se celebrarán posteriormente hasta la actualidad, en las de 1983 la candidatura del PRC la encabeza Revilla, uno de los fundadores y primer presidente de ADIC y también uno de los fundadores del PRC, aunque no accederá a la Secretaría General del partido hasta 1988 en sustitución de Eduardo Obregón.

“La autonomía debe servir para el relanzamiento de Cantabria y para obtener una calidad de vida digna a todos sus ciudadanos, acabando con ese caciquismo endémico que antepone sus intereses a los generales”

La candidatura de ANAC la encabeza Rafael de la Sierra, uno de los fundadores de ADIC, asociación que había presidido de 1979 a 1981 y que volvería a presidir de 1986 a 1987, antes de ingresar en el PRC. “Vota ANAC, alternativa política de ADIC, para conseguir una autonomía para todos, digna, eficaz y no sucursalista”, sostienen los manifiestos de la agrupación electoral, que reclama “una autonomía que suponga, realmente, autogobierno, para decidir en Cantabria qué es lo más adecuado a nuestros intereses y para no quedar rezagados en este momento histórico frente a otras comunidades autónomas más conscientes”. ANAC también advierte de que la autonomía debe servir “para el relanzamiento de Cantabria y para obtener una calidad de vida digna a todos sus ciudadanos, acabando con ese caciquismo endémico que antepone sus intereses a los generales” y asegura que para ello se necesitan “representantes auténticamente cántabros y capaces, que sepan, con independencia, conseguir una auténtica autonomía para todos los cántabros y que no se sometan a intereses centralistas de grupo o de partido; para evitar que por ese sometimiento alguien se lleve lo que nos pertenece, es decir las competencias que necesitamos, y lo que es más importante, los recursos económicos necesarios para ponerlas en práctica”. Y apuesta por “modificar, hasta hacerlo eficaz, nuestro pobre Estatuto de Autonomía, exigiendo, mientras se reforma, su puesta en práctica rápida y completa”.

La candidatura de ICU la encabeza José María Gruber, histórico antifranquista que había colaborado con la HOAC, militado en la ORT y participado en la fundación del SUC (Sindicato Unitario de Cantabria). ICU lucha por “un autogobierno pleno para Cantabria”, y en sus documentos destaca que “mientras no se produzca el fin de la sociedad capitalista y la instauración del Poder de los trabajadores, no será posible tomar medidas que aseguren una vida libre del temor y la necesidad para el pueblo cántabro”, pero “en tanto llega ese día” apuesta por “luchar por una serie de medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la ciudad y del campo en Cantabria”. ICU reconoce “el derecho de los pueblos a su autodeterminación”, incluido “el de Cantabria”, y muestra su “solidaridad” a “todos los pueblos” del Estado español y del mundo “en términos de igualdad”. “Defendemos la plena soberanía de los pueblos, así como la plena independencia de sus organizaciones, tanto territoriales como comarcales, lo mismo para decidir el camino a seguir para la transformación de la realidad con la que están encarados como para incorporarse como parte en una estrategia global con otros grupos o pueblos” y “propugnamos un cantabrismo anticapitalista, no centralista, contra los planes de los monopolios y la acumulación de poder en todos los ámbitos, y en defensa de un desarrollo armónico de Cantabria en función de sus recursos, de sus orígenes y vocación histórica, y de su voluntad popular de ser comunidad”, sostiene la organización. “A la vista de las escasas posibilidades que se otorgan a Cantabria para acceder a su pleno autogobierno, y considerando su abandono y atraso con respecto a otras comunidades del Estado español”, ICU rechaza el Estatuto de Autonomía vigente y reclama “su sustitución por otro que asegure una autonomía real con poderes verdaderos”. ICU considera que Cantabria es “una nacionalidad” que “en virtud de sus condiciones históricas y de su voluntad presente de autogobierno” debe “tener los instrumentos concretos políticos para que los intereses nacionales” queden “coherentemente defendidos”. Y es consciente de que “la lucha por una autonomía plena en Cantabria” supone “una confrontación directa con la gran burguesía centralista del Estado español, al no estar suficientemente desarrollada una burguesía autóctona que pueda ser intermediaria y ejercer la dirección y control de una desarticulación del Estado centralista”.

Esas autonómicas de 1983 arrojan 18 escaños, mayoría absoluta, para la Coalición Popular de Rodríguez, 15 para el PSOE de Blanco y dos para el PRC de Revilla

Esas autonómicas de 1983 arrojan 18 escaños para la Coalición Popular –integrada por AP, PDP (Partido Demócrata Popular) y UL (Unión Liberal)– encabezada por José Antonio Rodríguez como independiente, 15 para el PSOE encabezado por Jaime Blanco y dos para el PRC encabezado por Revilla, que se erige en la tercera fuerza política de Cantabria con 18.767 votos (6,73%) y dos escaños –y 63 concejales–, mientras que ICU, séptima fuerza política, obtiene 3.179 (1,14%) y ANAC, octava, 1.869 (0,67%), quedándose ambas sin representación parlamentaria. Coalición Popular obtiene así mayoría absoluta, Guillermo Gómez Martínez-Conde sustituye a Isaac Aja como presidente de la Asamblea Regional y Rodríguez sigue como presidente autonómico hasta que en enero de 1984 las tensiones internas de la coalición provocan que 13 de sus 18 parlamentarios le retiren su confianza, por lo que en agosto de 1984 se ve obligado a dimitir, siendo sustituido por el miembro de AP Ángel Díaz de Entresotos.

En las autonómicas de 1987 –ya con ANAC e ICU fuera del escenario político–, el PRC logra cinco parlamentarios en la Asamblea Regional y 100 concejales en los ayuntamiento de Cantabria –dos de ellos en el de Santander–, pero divisiones internas culminan con el abandono del partido por parte de uno de los cinco parlamentarios autonómicos –Esteban Solana– y de los dos concejales santanderinos –Miguel Pérez Bustamante y Ángel Díaz Ocejo–, que con otros militantes procedentes del PRC fundan un nuevo partido, el PNC (Partido Nacionalista Cántabro), al que posteriormente se unirán otros cargos y militantes regionalistas. Durante el resto de la legislatura, Solana es clave para garantizar la gobernabilidad de la comunidad autónoma a Juan Hormaechea, que precisamente tras las autonómicas de 1987 había sustituido como presidente autonómico a Ángel Díaz de Entresotos. AP, cuyas listas había encabezado Hormaechea como independiente, había logrado 19 parlamentarios, y PSOE (13), PRC (5) y CDS (2) sumaban 20, por lo que el apoyo de Solana resultó fundamental para Hormaechea. En marzo de 1988, Solana, Pérez Bustamante, Díaz Ocejo y Guillermo Díaz Autrán –asesor del presidente de la Asamblea Regional, Eduardo Obregón– son expulsados del PRC por su relación con el PNC, lo que reduce a cuatro los parlamentarios autonómicos del PRC y a ninguno sus concejales en la capital.

La prensa publica un “nuevo escándalo nocturno” de Hormaechea, después de que descalificara gravemente a dirigentes del PP a altas horas de la madrugada en un pub de Santander, donde además grita “Cantabria no es España”

A principios de noviembre de 1990, la prensa autonómica y la estatal publican un “nuevo escándalo nocturno” de Hormaechea, después de que el presidente autonómico descalificara gravemente a los dirigentes del PP (Partido Popular) –que había sido fundado un año antes para sustituir a la vieja AP– José María Aznar, Manuel Fraga e Isabel Tocino a altas horas de la madrugada en un pub de Santander, donde además grita entre otras cosas “Cantabria no es España”. Apartados del PP, a mediados de noviembre Hormaechea y los parlamentarios autonómicos afines a él firman el acta constitucional de la UPCA (Unión para el Progreso de Cantabria), un nuevo partido para presentarse a las autonómicas de 1991. A principios de diciembre una moción de censura apoyada por los parlamentarios del PP contrarios a Hormaechea y por todos los demás partidos con representación parlamentaria lo desaloja de la Presidencia autonómica y lo sustituye por Jaime Blanco, del PSOE. En las autonómicas de 1991, la UPCA, encabezada por Hormaechea, logra 15 escaños –y 285 concejales–, sólo uno menos que los 16 del PSOE. El PP logra seis y el PRC dos –y 69 concejales–, pero el PP pacta con la UPCA y, a pesar de todas sus desavenencias, le da de nuevo a Hormaechea la Presidencia autonómica. Por su parte, el PNC tiene que conformarse con ser undécima fuerza política con 623 votos (0,21%) en las autonómicas y 503 votos (0,17%) y ningún concejal en las municipales.

“El PNC, nacido de una escisión del PRC tras el congreso de este partido en los inicios de 1988, va a ser el eslabón entre la corriente cantabrista nacionalista, iniciada a partir de ADIC y de ANAC, y la oportunidad de parte de las élites burguesas de Cantabria de asumir el cantabrismo”, destaca Alegría. Y es que el PNC “pudo haber sido el partido en el que desembarcara Hormaechea tras su ruptura con la coalición de derecha AP/PDP/UL, pero desavenencias con los nacionalistas por el posicionamiento de estos en la Asamblea Regional, favorable a investigar ciertas irregularidades en la contratación del Gobierno presidido por aquel, propiciaron el surgimiento de la UPCA, que al margen del PNC representó la oportunidad de la derecha histórica de lanzar una alternativa cantabrista autoorganizada en Cantabria”, una “pretensión” a la que sin embargo “el tiempo puso fin”.

“Sirven para reflexionar sobre la situación de la autonomía de Cantabria y sobre su futuro inmediato en la Europa de las autonomías”

En enero de 1992, ADIC conmemora el décimo aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria con una serie de actividades que incluyen dos conferencias –una de Antonio Bar Cendón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria, sobre la historia del Estatuto y su grado de cumplimiento, y otra de Mariano Bernardo, director general de Hacienda de la comunidad autónoma, sobre el sistema de financiación autonómica–, una mesa redonda con representantes de partidos– Jaime Blanco por el PSOE, José Luis Vallines por el PP, Rafael de la Sierra por el PRC, Martín Berriolope por IU (Izquierda Unida) y Manuel Garrido por el CDS (Centro Democrático y Social)– sobre la reforma del Estatuto y una jornada de música tradicional y folk que reúne en el Palacio de Festivales de Cantabria a la agrupación folklórica Coros y Danzas Santander, a los coros Los Templarios, Altamira y Ecos del Ebro y al grupo de folk Luétiga. El entonces presidente de ADIC, José Luis Fernández Gándara, asegura que las actividades programadas por la asociación sirven para “reflexionar” sobre “la situación de la autonomía de Cantabria” y sobre “su futuro inmediato en la Europa de las autonomías”.

En junio de 1993, el PRC concurre por segunda vez a unas generales. Ya lo había hecho, sin éxito, a las de 1979 al Senado, y esta vez lo hace por primera vez tanto al Congreso –el propio Revilla encabezó la lista– como al Senado, pero igualmente sin éxito, pues los cinco escaños al Congreso se los repartieron PSOE (3) y PP (2) –el PRC, con el 5,65% de los votos, sólo pudo ser la quinta lista más votada, por detrás de PSOE (37,17%), PP (37,03%), UPCA (8,2%) e IU (7,42%)– y los cuatro senadores electos se los repartieron PSOE (3) y PP (1). El PRC no volvería a presentarse a unas generales hasta 2011, igualmente con Revilla como cabeza de lista al Congreso e igualmente sin éxito.

La iniciativa es aprobada por unanimidad y desde entonces el Día de las Instituciones de Cantabria viene conmemorándose cada 28 de julio en Puente San Miguel

En octubre de 1993, José Manuel Becerril, parlamentario autonómico de la UPCA y alcalde de Reocín –municipio cuya capital es Puente San Miguel–, presenta en la Asamblea Regional una iniciativa para “declarar el 28 de julio, aniversario de la Constitución de la Junta General de Cantabria, realizada en 1778, como Día de las Instituciones de Cantabria” y que éste “adquiera la consideración institucional y el rango que le son propios en su contenido histórico y político”. La iniciativa es aprobada por unanimidad y desde entonces la efeméride viene conmemorándose cada 28 de julio en Puente San Miguel.

Ya en mayo de 1995, Hormaechea intenta volver a encabezar la lista de la UPCA en las autonómicas, pero un día antes de las elecciones es obligado a retirarse al confirmar el TS (Tribunal Supremo) una sentencia del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) que lo había condenado por un delito de injurias. El TSJC ya lo había condenado a cárcel e inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación en 1994 –año en que dimitió como presidente autonómico, aunque tuvo que permanecer como presidente en funciones, al no ponerse de acuerdo la Asamblea Regional para encontrarle sustituto– y el TS lo había confirmado en 1995, pero el Gobierno español lo indulta de la pena de cárcel y en 1999 el TC (Tribunal Constitucional) anula ambas sentencias por entender que el TSJC había vulnerado el derecho del ex presidente autonómico a ser juzgado por un tribunal imparcial. Repetido el juicio, en 2002 el TSJC vuelve a condenar a Hormaechea a cárcel e inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación, pero en 2011 el Gobierno español vuelve a indultarlo de la pena de cárcel, que no de la de inhabilitación. Su carrera política había terminado ya definitivamente.


Viene de: [BLOQUE 02 | ARTÍCULO 07] “Cantabria no es Castilla ni lo ha sido nunca”

[TRIBUNA III] | El cantabrismo político y el triunfo de la vía cántabra uniprovincial

[BLOQUE 02 | ARTÍCULO 06] “La reivindicación histórica en favor de Cantabria se constituye por primera vez en proyecto político organizado”

[BLOQUE 02 | ARTÍCULO 05] “Como si la eterna y siempre joven Cantabria nos convocara a despertar”

[BLOQUE 02 | ARTÍCULO 04] “A partir de ahora se hablará mucho menos de Santander o La Montaña y mucho más de Cantabria”

[TRIBUNA II] | Particularismo y regionalismo en los orígenes de la Cantabria contemporánea

[BLOQUE 01 | ARTÍCULO 03] | Un proyecto de Estado cántabro frustrado por la Guerra Civil

[TRIBUNA I] | Una vía propia en la Cantabria del final del Antiguo Régimen y la Ilustración

[BLOQUE 01 | ARTÍCULO 02] | Bajo las quimas de una vieja cajiga

[BLOQUE 01 | ARTÍCULO 01] | “El río Ebro nace en el país de los cántabros”

[PRESENTACIÓN] | “A los que en el pasado consiguieron el reconocimiento de las libertades de Cantabria y a los que luchan y lucharán en el futuro”

Comentarios