martes 29/9/20

Las contradicciones iniciales de la Autonomía de Cantabria: Crisis institucional y regionalismo revillista

SERIE CANTABRISMO [TRIBUNA V]

El día 1 de febrero de 1982 entraba finalmente en vigor el texto de la Ley Orgánica 8/1981, del Estatuto de Autonomía de Cantabria, publicado en el Boletín Oficial del Estado del anterior 11 de enero, como resultado del proceso de consecución de un inicial autogobierno por parte de sectores mayoritarios de la sociedad cántabra. La vía uniprovincial se concretó, de este modo, en el marco de la legalidad constitucional española, como la opción de acceso de Cantabria a su autonomía política por el artículo 143.

Las elecciones autonómicas de 1987 conocieron la victoria, en esta ocasión sin mayoría absoluta, de la coalición derechista

La puesta en marcha de las instituciones autonómicas cántabras evidenció una primigenia contradicción: los destinos del país fueron regidos, desde pronto, por agentes políticos que se habían opuesto históricamente a su autogobierno. Después de la constitución de la Asamblea Regional de Cantabria en febrero de 1982, a partir del “Pacto por Cantabria” suscrito por Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Acción Democrática (AD) y escindidos de la Unión de Centro Democrático (UCD), y de la conformación del primer Consejo de Gobierno presidido por José Antonio Rodríguez, las elecciones de mayo de 1983 dieron como resultado una de las dos mayorías absolutas que la derecha política de Cantabria ha cosechado hasta el momento (la otra fue la victoria de la candidatura del Partido Popular en mayo de 2011, liderada por Juan Ignacio Diego), agrupada en la alianza electoral de Alianza Popular (AP), Partido Demócrata Popular (PDP) y Unión Liberal (UL), con el presidente del ejecutivo saliente al frente. El inicio de la autonomía se realizó por la vía lenta y, tras los primeros comicios, regida por quienes, en buena parte, se habían opuesto a la propia institucionalización de Cantabria como comunidad autónoma. Y no solamente esto: las propias contradicciones en las filas de la derecha propiciaron que Ángel Díaz de Entresotos, como representante del ala más conservadora de Alianza Popular, sustituyera a José Antonio Rodríguez en el mes de agosto de 1984, iniciando una lucha cainita en la derecha política que se agudizará aún más en el futuro más inmediato.

Las elecciones autonómicas de 1987 conocieron la victoria, en esta ocasión sin mayoría absoluta, de la coalición derechista, encabezada entonces por el que había sido alcalde de Santander, Juan Hormaechea, en calidad de independiente. La polémica y discutida gestión del presidente autonómico ya desde el ayuntamiento de la capital cántabra, supuso un salto cualitativo en las descalificaciones que vertió sobre los líderes estatales del Partido Popular en noviembre de 1990 en un conocido establecimiento de la zona turística de la capital. Los acontecimientos se precipitaron y, finalmente, Hormaechea perdió una moción de censura apoyada por los miembros del PP en un grupo parlamentario de la derecha fracturado, lo que dio como resultado que el socialista Jaime Blanco accediera a la presidencia conformando un ejecutivo apoyado por el PSOE, PP, PRC y Centro Democrático y Social.

Con una derecha dividida entre un Hormaechea que conformó su propio partido (Unión para el Progreso de Cantabria -UPCA-) y el PP, las elecciones de 1991 depararon la victoria socialista con 16 escaños, mientras que la UPCA consiguió 15. Lo que parecía imposible se logró con la intervención de representantes centrales del PP y este partido aupó de nuevo a Juan Hormaechea como presidente de Cantabria.

En una coyuntura de profundas transformaciones económico-sociales precipitadas en parte por las condiciones de ingreso en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986, además de que la autonomía de Cantabria fue regida por antiguos opositores a su puesta en marcha, las legislaturas se definieron por una gestión política y administrativa que evidenció la continuada crisis interna de la derecha política. Y en esta legislatura que comenzaba en 1991 con la entente UPCA-PP, de nuevo las huestes conservadoras sufrieron su enésima ruptura, y entre la judicialización de la vida política y la incapacidad de la oposición de ofrecer una alternativa, Juan Hormaechea agotó en la práctica soledad la legislatura hasta que en la campaña electoral de 1995 fue definitivamente inhabilitado.

ADIC consideraba que Cantabria es una “nacionalidad histórica”, ampliando de hecho la base justificativa de la lucha por su autogobierno

El catedrático de Derecho Constitucional, Antonio Bar Cendón, ha valorado el periodo caracterizado por las tres primeras legislaturas (1983-1995) como de crisis institucionalizada, mostrando un “modelo cántabro” basado en la crispación que puede tener sus causas en la falta de experiencia en el ejercicio político de la clase dirigente, en lo reducido del ámbito territorial y personal de la Comunidad Autónoma de Cantabria, limitando el área de extracción y selección de las élites políticas y, lo más importante, que se apunta aquí como la primera contradicción de la institucionalización política de Cantabria: la “debilidad de la convicción regionalista o autonomista” de esa derecha llamada inicialmente a regir los destinos de la Comunidad.

La nula vocación autonomista de la derecha de Cantabria es lo que lleva al historiador Ángel Revuelta Pérez a valorar que las nuevas instituciones autonómicas se convirtieran “en campo de batalla para los conflictos que desgarraron a los conservadores, en vez de un mecanismo para afrontar y solucionar los graves problemas que aquejaban a la región”. De todos modos, la derecha política representada por el PP pactará con el PRC, tras las elecciones autonómicas de 1995, lo que posibilitó que José J. Manuel Martínez Sieso se convirtiera en el quinto presidente del ejecutivo cántabro y Miguel Ángel Revilla en su vicepresidente, iniciándose el momento de la normalización de la vida política de Cantabria.

Una derecha política cainita desde 1983 a 1995 gestionando en crisis el inicio de la institucionalización autonómica, y una izquierda de ámbito estatal que, aunque formalmente favorable, no evidenciaba excesivo entusiasmo con la nueva etapa, pergeñaban el marco genérico en que se fraguó la evolución del cantabrismo. Más allá de un PRC débil electoralmente, desde la propia Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) se evolucionó hacia posicionamientos críticos, y el discurso basado en argumentaciones fundamentalmente economicistas de parte de Miguel Ángel Revilla como líder putativo del PRC y que aceptó sin más una vía lenta de acceso a la autonomía, fue contestado desde ADIC con la redacción de un estatuto de autonomía alternativo al oficial, la creación del Frente de Rechazo a este estatuto por insuficiente y el planteamiento del nacionalismo cántabro como ideología y programa electorales. En la V Asamblea General de 1980, ADIC consideraba que Cantabria es una “nacionalidad histórica”, ampliando de hecho la base justificativa de la lucha por su autogobierno hacia elementos no sólo de tamiz económico, sino históricos y culturales. Consecuencia de ello, en el ámbito político-electoral, compareció en las elecciones autonómicas bajo las siglas de ANAC (Agrupación Electoral Nacionalista de Cantabria).

Del regionalismo inicial se desgajó la opción nacionalista de ADIC y del PNC

Desde posturas netamente de izquierda y obreristas, Izquierda Cántabra Unida (ICU), por su parte, representó la evolución de parte de la izquierda (Izquierda Castreña Unida, Izquierda para el Futuro de Torrelavega, Movimiento Comunista de Cantabria, Liga Comunista de Cantabria y sectores provenientes de ADIC) hacia un cantabrismo popular e inicialmente soberanista, apostando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, incluido el cántabro. Esta línea de un cantabrismo que erige a la sociedad cántabra como sujeto de decisión político tendrá su continuidad en la década de los noventa con partidos y organizaciones a las que se incorporaron sectores jóvenes y universitarios (Jullisca, Conceju Nacionaliegu Cántabro, Regüelta) con continuidad hacia el presente (Cantabria No Se Vende, Cantabristas).

Tras las elecciones de 1987, la voluntad de Hormaechea de acabar rompiendo con la coalición de la derecha, hizo que el presidente planteara al líder del PRC la creación de un partido de vocación nacionalista, que fue rechazado por M. A. Revilla ante la inevitabilidad de que el liderazgo lo asumiera Juan Hormaechea. Esta situación y la crítica interna en el seno de la formación regionalista, propiciaron la emergencia del Partido Nacionalista de Cantabria (PNC) a comienzos del año 1988, como evolución de un cantabrismo más incisivo desde dentro del PRC, puesto que de ahí provenía su diputado autonómico y la mayor parte de su militancia inicial, y continuando los presupuestos nacionalistas defendidos desde ADIC. El PNC pudo haber conducido hacia el nacionalismo cántabro a sectores de la derecha que históricamente se habían opuesto incluso a la propia autonomía. Desavenencias entre los dirigentes nacionalistas y Juan Hormaechea generaron desconfianzas mutuas que propiciaron el surgimiento de la propia alternativa del presidente autonómico, la Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA), alternativa de tamiz cantabrista impulsada desde la derecha clásica. Unidad Cántabra, que compareció a las elecciones autonómicas y municipales de 2003, pudiera ser considerada el corolario de este intento truncado de cantabrización de la derecha política e ideológica de Cantabria.

El periodo entre la puesta en marcha de la autonomía y las grandes transformaciones económico-sociales que experimentó Cantabria, y el final de este primer trayecto político (1982-1995), como conclusión, se caracterizó por la subida al poder de los históricos enemigos de la autonomía y por una gestión permanentemente en crisis y judicializada de la esfera política. En cuanto al cantabrismo, del regionalismo inicial se desgajó la opción nacionalista de ADIC y del PNC, emergió el soberanismo de base obrerista y de izquierdas, y la operación de cantabrización de parte del conservadurismo interno quedó definitivamente truncada.

El PRC y su perenne líder, Miguel Ángel Revilla, accedía al gobierno institucional coaligado a la derecha (1995-2003) y, a partir de la sexta legislatura autonómica, consiguió su antiguo anhelo de ser elegido presidente de Cantabria en la sesión de investidura celebrada el 27 de junio de 2003. Se concretaba así la segunda gran contradicción en el proceso de institucionalización del autogobierno de Cantabria. El cantabrismo, agente político e ideológico catalizador de la Transición y de las primeras fases de la democracia en el país, era asumido de un modo personalista y no organizado en la concepción de la actuación política, no obstante su efectismo de tamiz populista. El cantabrismo se orientaba así, a partir del soporte de muchos poderes de predominio municipal, hacia un modelo de gestión propia de las administraciones locales y de la política de gestos. La segunda gran contradicción interna del movimiento cantabrista es, por tanto, su identificación con la práctica de su principal portor, el “revillismo”.

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