martes 4/8/20
SERIE CANTABRISMO [BLOQUE 03 | ARTÍCULO 09]

El PRC llega al gobierno con el fin del cantabrismo de la derecha y el surgimiento del soberanismo cántabro

Partido de la Selección Cántabra celebrado en El Sardinero
Partido de la Selección Cántabra celebrado en El Sardinero

Las diversas etapas en la conformación de la Comunidad Autónoma de Cantabria se iniciaban en 1982 con una legislatura provisional (1982-1983) preludio de una primera (1983-1987), segunda (1987-1991) y tercera (1991-1995) caracterizadas por la generalizada inestabilidad política institucional. Es lo que ha llevado al catedrático de Derecho Constitucional, Antonio Bar Cendón, a definir el modo de gestión político de Cantabria de aquellos tiempos como el “modelo cántabro”, basado además de por la alteración de las instituciones, por la ausencia de dirección política, el elevadísimo número de querellas criminales presentadas, el total alejamiento o separación entre la clase política y los problemas reales, la  adaptación de la dinámica de las instituciones al modo anormal de funcionamiento y por el absoluto escepticismo político del electorado que llegó incluso al cinismo, cuando la valoración del “todos son iguales” se tomaba como justificación para permitir las actuaciones menos éticas.

Pero la campaña de las elecciones autonómicas de 1995, que va a ser sacudida en su pleno desarrollo por la inhabilitación del expresidente Juan Hormaechea, supuso una inflexión en la dinámica existente hasta ese momento, apuntando hacia una normalización del funcionamiento de la vida política. Antes de acabar la tercera legislatura, Hormaechea sería condenado en otros dos juicios penales, por injurias al alcalde pedáneo de Cabárceno, y otro por injurias contra el constructor Manuel Rotella. También, fue condenado el consejero de Economía, Manuel Pérez, por malversación de caudales públicos. A pesar de todo, el 12 de junio de 1994, las elecciones al Parlamento Europeo vaticinaban el futuro, ya que el Partido Popular (PP) en Cantabria conseguía el 49,54% de los sufragios, mientras el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) alcanzaba el 31,19% de los votos.

La cuarta legislatura autonómica comenzó a partir de las elecciones del 22 de mayo de 1995, en las que el PP, encabezado por José Joaquín Martínez Sieso, obtuvo 104.008 votos (33,14%) y trece escaños; (el PSOE) liderado por Julio Neira, 80.464 (25,64%) y diez representantes; la Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA), que en campaña se quedó sin su líder y tuvo que proponer a Vicente de la Hera como sustituto, cosechó 53.191 sufragios (16,95%) y siete diputados; el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), encabezado por Miguel Ángel Revilla, 46.587 (14,84%) y seis escaños y, finalmente, Izquierda Unida (IU), 23.563 votos (7,51%), accediendo por vez primera con tres diputados. En julio de 1995, Martínez Sieso, en su primer intento de acceder a la Presidencia, obtuvo 19 votos (solamente los de su partido y el PRC) y 20 en contra. En segunda votación, sin embargo, recibió los apoyos de la UPCA, mientras IU se abstenía. El nuevo gobierno se formó el 24 de julio de 1995, con 6 militantes del PP, dos del PRC y dos independientes.

El Partido Regionalista de Cantabria comenzaba así su participación en la gestión ejecutiva de Cantabria. Casi 26 años después de su fundación, su inamovible líder, Miguel Ángel Revilla, accedía a las labores institucionales de gobierno en calidad de vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo. Una peculiar forma, personalista y efectista, de entender el cantabrismo desde el gobierno y la gestión que se extenderá hasta el presente, salvo en el periodo 2011-2015, de mayoría absoluta de la derecha política de Cantabria. La gestión de Revilla al frente de esta consejería ha tenido consecuencias que se extienden hasta el presente. Un modelo turístico impactante, la permisividad de las instituciones autonómicas ante los intereses de las constructoras y las actuaciones del movimiento ecologista de Cantabria, especialmente a partir de los procesos de judicialización promovidos por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), han dado como resultado las sentencias de derribo de urbanizaciones erigidas que aún están por culminarse.

Para el analista político Marcos Martínez Romano, "el hecho de que Miguel Ángel Revilla escogiera la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo en su primera legislatura con presencia en el ejecutivo cántabro prefiguraba el tipo de apuesta regionalista que iba a desarrollar en los años posteriores. Una más cercana a un regional-provincialismo que consideraba a Cantabria tan solo como un órgano administrativo para la gestión de cuestiones cotidianas y la construcción de diversas infraestructuras que le permitieran apostar por un modelo de desarrollo ligado al sector terciario y asentar su partido a nivel territorial en base a la construcción de lealtades, que a un autonomismo consecuente más ligado al desarrollo de la identidad cultural del pueblo cántabro y a la construcción de un imaginario colectivo que permitiera que en el futuro los cántabros y las cántabras pudiéramos percibirnos como un sujeto político con personalidad propia, definido desde sí mismo y no desde su inserción en España de forma subalterna”.

En el contexto estatal, en las elecciones generales del 3 de marzo de 1995, la candidatura del PP fue la más votada, posibilitando que su líder, José María Aznar, accediera a la presidencia del Gobierno de España tras su acuerdo con los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU) en el Pacto del Majestic, desplazando a Felipe González tras casi catorce años de gobierno. En Cantabria, el PP consiguió tres escaños en el Congreso (50,4%) y otros tantos senadores; el PSOE, por su parte, dos (35,6%) y uno, respectivamente. Tras aquella legislatura de 1995-2000, en la que Aznar confesó llegar a “hablar catalán en la intimidad”, las elecciones generales de 12 de marzo de 2000 depararon la victoria absoluta del PP (mismos resultados en Cantabria en el número de representantes a las dos cámaras,  aunque con un porcentaje del 56,8% de los votos al Congreso para los populares, y del 33,4% para los socialistas), iniciando una legislatura en la que la estrategia de la derecha, mucho más dura y beligerante, se centró en la represión del que otrora había denominado “movimiento vasco de liberación nacional”, el apoyo a la guerra de Irak que se inició el 20 de marzo de 2003 (“les aseguro que hay armas de destrucción masiva”, declaró Aznar para justificar su apoyo, como miembro del Trío de las Azores, junto a George Bush, Tony Blair) y la oposición frontal al tripartito de Catalunya (gobierno entre Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel CanviEsquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa) desde su misma constitución el 20 de diciembre de 2003, tras el Pacto del Tinell.

La actividad normativa de Cantabria se dirigió en este periodo de la cuarta legislatura “al desarrollo de las competencias materiales estatutarias y, en menor medida, al desarrollo institucional”

La actividad normativa de Cantabria se dirigió en este periodo de la cuarta legislatura “al desarrollo de las competencias materiales estatutarias y, en menor medida, al desarrollo institucional”, según Antonio Bar Cendón, con leyes y normas de indudable importancia para el devenir de la Comunidad, como las de salud mental, supresión de  barreras arquitectónicas, régimen del suelo y ordenación urbana, drogodependencias, cámaras agrarias, consejos escolares, estatuto del consumidor, artesanía, patrimonio cultural de Cantabria, protección a la infancia y comarcas; leyes de régimen jurídico del Gobierno y la Administración, Consejo de la Mujer, Consejo Social de la Universidad de Cantabria, y los organismos públicos de la Comunidad. Pero, sin embargo, la actividad jurídico-política más relevante fue, sin duda, la reforma del Estatuto de Autonomía, finalmente aprobada en las Cortes Generales mediante Ley orgánica 11/1998, de 30 de diciembre.

La actividad jurídico-política más relevante fue, sin duda, la reforma del Estatuto de Autonomía, finalmente aprobada en las Cortes Generales mediante Ley orgánica 11/1998, de 30 de diciembre.

Según Martínez Romano, “la reforma del Estatuto de Autonomía de 1998 conllevó, por un lado, importantes cambios simbólicos, como la definición de Cantabria como "Comunidad histórica", el cambio de denominación de sus órganos legislativo y ejecutivo y la eliminación de la posibilidad de incorporación a Castilla y León. Y, por otro lado, una serie de mejoras en el autogobierno cántabro, como la asunción de las competencias de educación y sanidad. Sin embargo, la insuficiencia regionalista ha quedado de manifiesto durante estos años en su falta de voluntad por crear o desarrollar varias cuestiones aprobadas en aquella reforma, como la necesaria comarcalización de Cantabria o la creación de la figura del Defensor del Pueblo Cántabro. Así como también quedó clara su falta de interés por el desarrollo de nuestra identidad cultural con su negativa a introducir en el Estatuto la cuestión del patrimonio lingüístico cántabro, planteada por el entonces diputado de la UPCA José Ramón Sáiz, llegó a expresarse en estos términos en el Parlamento de Cantabria en un discurso de defensa de las enmiendas al Proyecto de Estatuto de Autonomía: "Vuelvo a preguntar al PRC y acusar de fariseismo político de hacer propaganda con el Centenario de Manuel Llano y, sin embargo, negarse a introducir una referencia a la necesidad de promover la investigación del habla montañesa en las zonas del interior, ese habla que Manuel Llano llevó a sus escritos."

Casi simultáneamente a la entrada del PRC en el ejecutivo cántabro, coincidente con el declinar hasta su desaparición posterior del intento frustrado de la derecha de asunción del cantabrismo (UPCA) y, parcialmente, a partir del impulso interno de ADIC en 1991, con el ingreso del sector más joven procedente del PNC, se produjo el surgimiento de la distintas ramas, orientaciones y organizaciones que han supuesto un avance evolutivo del discurso teórico y, hasta cierto punto organizativo, no así de momento electoral, de un cantabrismo nacionalista y de izquierda, que, como soberanista, erige a la sociedad cántabra al nivel de sujeto de decisión político: Jullisca, Conceju Nacionaliegu Cántabru (CNC), Regüelta o Abora, con proyección hasta el presente con movimientos y organizaciones como Cantabria No Se Vende (CNSV) o Cantabristas, y revitalización de campos como el simbólico (lábaru cántabro), deportivo (encuentros internacionales amistosos de la selección cántabra de fútbol celebrados el 22 de diciembre de 1998 y 23 de diciembre de 2000) o cultural (escuelas municipales de música y baile popular cántabro, movimiento folk).

Para Martínez Romano, “la entrada al gobierno de un PRC aún muy pequeño en comparación con el actual con su apuesta regional-provincialista anteriormente comentada, permitió que en el afuera institucional quedara un importante espacio no representado en el PRC y aun escasamente explorado, en el que se desarrollaron los primeros intentos de articulación política, social y cultural de un cantabrismo soberanista marcadamente de izquierda. En este sentido, el éxito del partido de la Selección Cántabra de Fútbol a finales de 1997, tanto en lo relativo a número de asistentes, como en lo concerniente al ambiente de exaltación cantabrista vivido en El Sardinero, supusieron una demostración de una mecha cántabra que comenzaba a prender en la sociedad sin que ningún actor político tuviera aún la suficiente fuerza para poder integrarla y dirigirla.  Los silbidos producidos cuando se interpretó el himno de España antes del comienzo del encuentro -que sentaron muy mal en las autoridades políticas del momento, regionalistas incluidos- hicieron que desde las instituciones no se volviera a apostar en serio por desarrollar este tipo de acontecimientos -ni en tiempos de Revilla en la presidencia- tan importantes a nivel simbólico para cualquier construcción de una identidad colectiva ligada a lo territorial.

QUINTA LEGISLATURA

En este momento histórico de apaciguamiento y normalización políticos, la quinta legislatura (1999-2003) representó una continuación de la anterior. Las elecciones del 13 de junio de 1999 elevaron al PP, cuyo cabeza de lista fue de nuevo José J. Martínez Sieso, a rozar la mayoría absoluta, con 19 escaños (134.924 votos -43,56%-), seguido por un recuperado PSOE-Progresistas, liderado por Julio Neira también en esta ocasión, con 14 diputados (105.004 votos -33,901%) y el PRC de Miguel Ángel Revilla, que repitió los 6 escaños de la anterior legislatura (42.896 sufragios -13,85%-). IU quedó sin representación y la UPCA (9.743 votos) no llegó al 5% preceptivo para obtener escaños. Finalizaba así un intento baldío de la derecha histórica de Cantabria de asumir una vía organizativa propia basada en rasgos propios de la cantabridad.

Miguel Ángel Revilla, posiblemente y más allá de conjeturas, estaba dispuesto a dar el paso de cambiar de socio de gobierno con el PSOE, pero todo parece que esta pretensión no pudo llevarla a cabo porque la ambición de su Consejero de Cultura y Deporte, Francisco Javier Marcano, que era la de convertirse en el primer alcalde regionalista de Torrelavega, sólo podía llevarse a término con el apoyo de un PP que, finalmente, le aupó a la alcaldía, en un pacto que posibilitó que Martínez Sieso en contrapartida recibiera los votos de los 6 diputados del PRC para presidir nuevamente el Gobierno de Cantabria. El ejecutivo contó con Miguel Ángel Revilla otra vez como vicepresidente y consejero del mismo ámbito que en la legislatura anterior, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, más siete diputados del PP, uno independiente por el PP y otro por el PRC.  

En esta legislatura se dictó la sentencia del Tribunal Constitucional 162/1999, de 27 de diciembre, que anulaba las del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), de 24 de octubre de 1994, y del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1995, de condena a Juan Hormaechea, con celebración de un nuevo juicio que se celebró del 8 de octubre al 5 de noviembre de 2002. La nueva sentencia del TSJC rebajaba la pena a tres años de prisión y doce de inhabilitación para el desempeño de cargo público, como autor de un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación, y disponiendo el Tribunal el indulto de la pena de cárcel. 

Para el especialista en Derecho Administrativo, Luis Martín Rebollo, el segundo gobierno presidido por Martínez Sieso en esta legislatura asumió competencias en materia de sanidad, educación, infraestructuras comunicacionales o problemas medioambientales, con una intensa labor del Parlamento. De todos modos, entre los socios de gobierno surgieron discrepancias en cuanto a Plan de Ordenación del Litoral (POL), aflorando notorias diferencias entre Medioambiente (PP, cuyo consejero era José Luis Gil) y la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo (PRC, asumida por el propio Miguel Ángel Revilla), prolegómenos sin duda de lo que depararán las legislaturas venideras.

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